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El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, aseguró hoy que no cesará en su petición de "debido proceso" para el periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, detenido hace dos semanas en Venezuela, pese a que Caracas lo acusa de injerencia en sus asuntos internos a raíz del caso.
"Nosotros vamos a continuar protegiendo a todos nuestros compatriotas en la protección y defensa de sus derechos humanos y del debido proceso", dijo Muñoz en un encuentro en Washington con un reducido grupo de medios, entre ellos Efe.
"En este caso particular de Braulio Jatar, se trata de que su detención cumpla con las garantías mínimas del debido proceso, partiendo con la presunción de inocencia, y el acceso a un abogado, cosa que no ha sucedido hasta ahora, después de 10 días de detención", añadió.
Chile ha pedido a Venezuela dar a conocer el lugar de reclusión de Jatar, acusado de un delito de legitimación de capitales, y permitir que sea visitado por sus abogados y familiares.
A raíz de esa solicitud, la Cancillería venezolana acusó este martes personalmente a Muñoz de desempeñar "un triste papel" en la defensa de la corrupción y la violencia que, a su juicio, cometen los opositores venezolanos contra el gobierno de Nicolás Maduro.
"La posición de Chile es clara y las declaraciones que se hagan no van a modificar nuestra postura", aseguró hoy al respecto Muñoz, quien no quiso aclarar si el Gobierno chileno se plantea tomar medidas diplomáticas ante la situación.
Jatar, de 58 años, fue detenido el pasado 3 de septiembre junto a una treintena de personas, luego liberadas, un día después de que el presidente venezolano realizara un recorrido en la comunidad popular de Villa Rosa, en la oriental Isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta.
Un tribunal venezolano acusó a Jatar de presunta comisión de los delitos de "extorsión, fraude, legitimación de capitales" y de "actuar contra el orden constitucional y democrático en Venezuela".
Venezuela sostiene que Jatar es venezolano y con domicilio en el país caribeño y está siendo investigado por delitos supuestamente cometidos en esta nación, por lo que la "eventual ostentación de otra nacionalidad no viene al caso y menos puede constituirse en credencial de impunidad de ninguna naturaleza".
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