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La Corte Suprema de Justicia de El Salvador rechazó una solicitud de España para extraditar a cuatro militares salvadoreños acusados de participar, en noviembre de 1989, en el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas españoles y uno salvadoreño y dos de sus empleadas, en una resolución que atizó los reclamos contra la impunidad por los crímenes de guerra cometidos de 1980 a 1992 durante el conflicto bélico que sacudió a ese país centroamericano.
“Se resolvió no conceder la extradición y dejar abiertas aquí las puertas para que se puedan abrir los canales de juicio”, dijo el magistrado Leonardo Ramírez a Reuters sobre la decisión, emitida antenoche, y que favoreció preliminarmente al coronel salvadoreño Guillermo Benavides Moreno, quien fue condenado en 1991 a 30 años de cárcel por los ocho homicidios, ejecutados por un batallón élite del ejército salvadoreño.
Benavides resultó beneficiado con una amnistía que, declarada inconstitucional el pasado 13 de agosto, fue emitida en 1993 como parte del acuerdo de paz suscrito en 1992 en México que acabó con 12 años de guerra civil entre las fuerzas armadas y sus aliados de la derecha política y la guerrilla izquierdista del hoy gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El veredicto también se aplicará a los subsargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo y al cabo Ángel Pérez Vásquez, dijeron ayer sus abogados defensores.
Los cuatro están presos desde febrero anterior en El Salvador tras una orden de captura lanzada por la Policía Internacional (Interpol) a petición de la Audiencia Nacional de España. El caso involucra a otros 13 de 17 militares solicitados en extradición por la Audiencia en 2011 y que siguen sin ser detenidos.
“Lo que nos interesa son los autores intelectuales” que ordenaron la matanza, advirtió ayer Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), centro de educación superior de la capital salvadoreña regido por jesuitas y en cuyas residencias se produjo, la madrugada del 16 de noviembre de 1989, el múltiple homicidio que conmocionó a El Salvador.
Si los 17 militares son juzgados en El Salvador, alertó Oliva en conferencia de prensa, “no habrá justicia”.
Benavides fue condenado en 1992 a 30 años de prisión por haber ordenado el asesinato de los sacerdotes, pero no cumplió la condena por la ley de amnistía aprobada un año después. Al dictaminarse su inconstitucionalidad, la amnistía quedó sin efecto “y las cosas vuelven al estado anterior” en el que Benavides fue condenado a 30 años de presidio, dijo Martín Rogel, magistrado de la Corte.
