Más Información
Un grupo de estudiantes se acercó a los policías que hacían guardia en la entrada del Palacio de la Moneda, la casa de gobierno chilena, el 24 de mayo pasado. Los muchachos —alrededor de 20 jóvenes con sombreros anaranjados— dijeron a los vigilantes que venían en gira de estudios y preguntaron, muy educados, si podían tomarse una foto delante de la puerta de entrada que todos los días flanqueaba la presidenta Michelle Bachelet. Sí, sí podían. Se formaron entonces, se tomaron la foto y luego, de modo inesperado, se dieron vuelta y se lanzaron en una carrera sorpresiva y caótica hacia el interior de la casa de gobierno que los vigilantes intentaron contener, sin comprender qué estaba pasando.
Los más rápidos lograron superar a los policías y llegaron al primer patio del palacio, donde desplegaron un cartel que decía: “Notifíquese: hoy comienza la ofensiva”. Eran las 9:30 de la mañana y los estudiantes chilenos, los mismos que en 2011 hicieron globalmente famosas sus protestas pidiendo educación superior gratuita, estaban de nuevo en pie de guerra.
Tres días antes, el 21 de mayo, Bachelet había anunciado que en junio enviaría al Congreso la reforma de educación superior para fijar las reglas permanentes de gratuidad. Según dijo, la gratuidad llegaría en una escala socio-
económica hasta lo que se conoce como “sexto decil”; es decir, los beneficiados serían quienes tuvieran ingresos —propios o de sus familias— menores al equivalente a 282 dólares.
“Todos quisiéramos que fuera más rápido el avance de la reforma educacional, pero la verdad es que se discute donde corresponde: en el Congreso, y con los tiempos que el debate democrático requiere”, respondió Bachelet a los estudiantes que habían ingresado por la fuerza a la casa de gobierno, el mismo día de la acción propagandística. “Yo estoy convencida de que va a ser con diálogo, con respeto y con argumentos sólidos que vamos a poder avanzar cada día en lograr una mejor educación en Chile para todos”, dijo.
Los organizadores de la acción fueron los escolares nucleados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), pero en las protestas estudiantiles actuales los universitarios chilenos son los que llevan la dirección. En la semana que acaba de terminar todas las universidades del país votaron por el apoyo o el rechazo a una paralización indefinida, en queja por el proyecto de Bachelet y propuesta por la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile (CONFECh), la organización de alumnos más grande del país; la mayoría decidió sumarse. En la semana que comienza, una jornada de protesta multisectorial reunirá el jueves 9 a estudiantes y gremios de todo el país, en Santiago.
Esta radicalización del movimiento estudiantil es, en verdad, una continuación de las protestas de 2011, en las que sobresalió la figura de la dirigente Camila Vallejo —actual diputada por el Partido Comunista—, y cuyo objetivo es el mismo: erradicar al mercado y al lucro del sistema educativo chileno, donde los aranceles son los más altos de América, luego de los de las facultades de los Estados Unidos.
En Chile el costo de la educación varía, pero en la estatal Universidad de Chile es de 400 mil pesos mensuales (unos 700 dólares). En promedio, a nivel nacional el costo es de unos 33 mil pesos chilenos (cerca de 550 dólares). Aparte hay una matrícula anual de 300 mil pesos chilenos (unos 500 dólares). En los colegios privados, el costo, en promedio, es de 400 mil pesos mensuales (unos 700 dólares).
Cambio, no mejoras
“El paro actual de la CONFECh se da porque el gobierno prometió una reforma educacional en su campaña de 2013 y ahora está formulando un proyecto de ley que no es una verdadera reforma con educación gratuita”, dijo Javiera Ortiz Tapia, dirigente del colectivo Izquierda Autónoma (que gobierna la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile) y estudiante de Sociología de esa universidad, a EL UNIVERSAL.
“El gobierno había dicho en su campaña que haría lo que los estudiantes habían reclamado en 2011, pero la ley que ahora propone no cambia las leyes de juego de la educación de mercado, sino que amplía los beneficios actuales para los estudiantes más pobres”.
Chile es uno de los países con mejor calidad de vida en Sudamérica: el Índice de Bienestar 2016, un estudio de Salcobrand, Gfk Adimark y la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes reveló que 75% de los chilenos se reconoce muy satisfecho con su bienestar. Sin embargo, la distancia que hay entre ricos y pobres es alta. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 10% chileno más rico gana 26.5 más que el 10% más pobre: esta cifra supera en más de 100% el promedio de los países incluidos en esa organización. Y el Banco Mundial, en su ranking de desigualdad, pone a Chile en el puesto número 14 a nivel global.
La presidenta Bachelet, que comenzó su segundo mandato en 2014 luego de gobernar este país entre 2006 y 2010, lanzó este año el plan de Fortalecimiento de la Educación Pública, un esquema de apoyo a los estudiantes más necesitados. Bachelet había prometido favorecer al menos a 70% de los estudiantes humildes, pero lo que el gobierno llama “gratuidad” es en verdad un plan de becas con las que el Estado cubre el arancel de los estudiantes que no pueden pagar. Lo que los gremios estudiantiles piden ahora es que los aportes se le hagan directamente a las universidades, de modo que los alumnos no deban pagar ningún tipo de arancel.
En marzo, cuando comenzaron las clases, el gobierno informó públicamente las cifras de su plan. Hay 40 mil 134 estudiantes beneficiados con la “gratuidad”, que ingresan a la educación superior en 2016 y se encuentran matriculados en alguna de las 30 universidades vinculadas al plan de Fortalecimiento de la Educación Pública. También hay más de 80 mil estudiantes de cursos superiores que acceden a la “gratuidad”. El total es de 120 mil estudiantes que no tienen que pagar ni endeudarse este año para seguir una carrera en la educación superior. “Pero así se financia la demanda y no la oferta”, dijo a EL UNIVERSAL la dirigente estudiantil Ortiz Tapia. “Se le entrega un vale al estudiante, si es que está preseleccionado con gratuidad, y lo que se está pagando entonces es la educación de un joven con dinero del Estado”.
Según los gremios estudiantiles, el gobierno trabaja sobre una reforma educacional que solamente busca aumentar el financiamiento y expandir la beca de gratuidad, pero no sobre un plan para acabar con los bancos en la educación ni tampoco regular al sector privado. “Por eso se impulsa el paro”, explica Ortiz Tapia, “para generar una reforma educacional que haga retroceder al mercado en la educación y que cumpla con las demandas estudiantiles, que en 2011 eran por educación pública, gratuita, de calidad; y que, a medida que han pasado los años, se han ido perfeccionando con propuestas para un sistema nacional de educación pública”.
“El Poder Ejecutivo decidió gobernar de espaldas al mundo social y favorecer a los empresarios de la educación: su proyecto no ataca a los directorios de las instituciones de educación superior y no castiga con cárcel el lucro, como dice la ley, y eso es todo lo contrario a lo que estábamos planteando”, detalló a EL UNIVERSAL Gabriel Iturra, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central de Chile (FEUCEN) y estudiante de Derecho. “Fracasó un modelo de reforma que no tiene legitimación social”.
Camila Vallejo, la dirigente comunista que en 2011 se convirtió en la vocera más visible de las protestas y que ahora es diputada, participó de un grupo de parlamentarios que, junto a concejales y dirigentes sociales, entregó el 23 de mayo una carta a Bachelet para solicitarle que el gobierno cumpla el compromiso de enviar un proyecto de ley con un nuevo sistema de financiamiento para la educación pública. “El gobierno debe explicitar si está dispuesto o no a cumplir ese compromiso”, dijo.
