La paciencia de la Comisión Europea finalmente se ha agotado y todo para indicar que su inconformidad con la controvertida reforma del Tribunal Constitucional en Polonia conducirá a un choque frontal con el nacionalista gobierno polaco.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, envió el miércoles al Gobierno polaco por primera vez un aviso formal sobre el posible incumplimiento del estado de derecho en el socio comunitario.
En la misiva, el Ejecutivo comunitario reclama a Varsovia que compruebe que su país no está violando los valores fundamentales de la Unión.
Polonia tiene dos semanas para responder y evitar el inicio de un procedimiento de castigo, aunque las posibilidades de que en los próximos 15 días avance el contencioso satisfactoriamente parecen remotas, toda vez que el Gobierno conservador-nacionalista de Ley y Justicia (PiS), lleva cuatro meses ignorando los llamados emitidos por la Comisión.
“Sorprendido y entristecido por la declaración de la Comisión Europea, que ha tenido intensas conversaciones con el gobierno polaco”, fue la reacción del Ministro polaco de Justicia, Zbigniew Ziobro, insistiendo en que la visión de Bruselas sobre la situación interna de su país es “distorsionada”.
Las relaciones entre Bruselas y Varsovia se han eclipsado desde finales del año pasado, cuando los euroescépticos del partido liderado por Jaroslaw Kaczynski, primer ministro entre 2006 y 2007 y hermano de Lech, obtuvieron la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias y anunciaron una serie de medidas para trasformar “radicalmente” el país.
La reforma más cuestionada es la que cambió sustancialmente el funcionamiento y composición de la corte, y que es vista por sus detractores como una maniobra del Gobierno para restarle fuerza y escapar a su control.
La ley de prensa también enfrenta duras críticas, ya que otorgó al Gobierno el poder de designar directamente a los directivos de los medios estatales.
“Los acontecimientos que se han desarrollado en Polonia desde que el partido Ley y Justicia tomó el control del Gobierno polaco son preocupantes. La reforma para frenar el poder de la Corte Constitucional, la vigilancia de las comunicaciones privadas, la depuración drástica de los medios de comunicación y la persecución de individuos privados apuntan hacia un grave deterioro de la democracia en el país”, sostiene la eurodiputada de Izquierda Unitaria,Tania González Peñas, en una carta enviada a la Comisión.
Los acercamientos entre la Comisión Europea con el régimen polaco iniciaron el pasado 13 de enero, pero hasta la fecha no sólo no han tenido resultado, han sido utilizados al interior del país para alimentar el nacionalismo y tachar a los “eurócratas” de enemigos de la soberanía nacional.
El Tratado de Lisboa reforzó los poderes de la Comisión Europea para intervenir en casos de presunta violación al estado de derecho por parte de un miembro. Luego del llamado oficial emitido por Timmermans, Polonia está a dos pasos de enfrentar sanciones.
La más severa es la contemplada en el Artículo 7 de la Unión sobre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos, y que consiste en la suspensión del derecho a voto en el Consejo Europeo, máximo órgano de decisión comunitario.
Esta sanción requiere de unanimidad y algunos analistas la ven poco probable porque implicaría el apoyo del premier húngaro Viktor Orbán, quien lidera las voces contrarias a los mandatos de la Unión y también es blanco de críticas por su ley de medios y su nueva Constitución.
La Primera Ministro de Polonia, Beata Szydlo, aseguró el pasado 20 de mayo que su gobierno no aceptará ningún ultimátum de Bruselas.
En julio, Szydlo recibirá al Papa Francisco y al Presidente estadounidense Barack Obama en el marco de la cumbre de la OTAN; queda por ver si las reuniones tendrán lugar o no en un ambiente de choque por obstaculizar torpedear la democracia.
