Las autoridades brasileñas implementaron para los Juegos Olímpicos de agosto en Río de Janeiro las mismas políticas de seguridad "mal concebidas" que elevaron las muertes de civiles a manos de la policía en el Mundial de fútbol de 2014, alerta un informe divulgado por Amnistía Internacional.
"Brasil está a punto de repetir los errores mortales que cometió durante décadas en torno a la actuación policial y que quedaron aún más patentes durante la labor de la Policía en el Mundial de 2014 y su estela de sufrimiento", asegura la organización internacional de defensa de los derechos humanos.
Según Amnistía Internacional (AI), la ocupación de favelas y avenidas por grandes contingentes de militares y policías, así como la represión violenta a las manifestaciones, provocaron un gran aumento de los homicidios y de las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante el Mundial.
Y las dos estrategias están previstas para Río 2016, según AI.
"Esto pone en peligro el legado prometido de que los Juegos dejarán una ciudad segura para todos", advirtió Amnistía en el informe "La violencia no es parte de estos Juegos. Riesgo de violaciones de derechos humanos en los Olímpicos de Río 2016", publicado a dos meses de la ceremonia inaugural del evento.
"Cuando Río se adjudicó en 2009 la organización de los Olímpicos de 2016, las autoridades prometieron mejorar la seguridad para todos. Pero desde entonces hemos visto que la Policía ha matado a 2 mil 500 personas en la ciudad y muy poca justicia", dijo a Efe Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil.
En su opinión, las políticas de seguridad mal concebidas, el crecimiento de los abusos y de las muertes a manos de la Policía en Río y la falta de investigaciones efectivas para combatir estos abusos "son una receta para el desastre" en los Olímpicos.
"Parece que Brasil ha aprendido muy poco de los grandes errores que cometió durante años en materia de seguridad pública. La política de 'disparar primero y preguntar después' ha convertido a Río en una de las ciudades más letales del planeta", afirmó Roque.
Según el informe, pese a que el número de muertes en operaciones policiales en el estado de Río de Janeiro cayó desde 260 en los cuatro primeros meses de 2015 hasta 238 entre enero y abril de 2016, esa reducción solo ocurrió en los dos primeros meses del año.
En marzo y abril, en cambio, aumentaron. Los homicidios en operaciones policiales subieron desde 54 en marzo de 2015 hasta 60 en marzo de 2016 y desde 59 en abril del año pasado hasta 78 en el mismo mes de este año.
La organización recordó que Río de Janeiro es históricamente conocido por sus altas tasas de muertes en operaciones policiales, con cerca de 8 mil casos registrados entre 2006 y 2015.
AI agregó que, pese a que las muertes a manos de la Policía cayeron desde mil 330 en 2007 hasta 416 en 2013, saltaron un 39,4 % en 2014, el año del Mundial, cuando se registraron 580 casos, y crecieron un 11,2 % en 2015, con 645 homicidios. Eso significa uno de cada cinco homicidios registrados en Río el año pasado fue cometido por policías, advierte el informe.
AI teme que esa situación se repita en los próximos meses cuando Brasil desplegará cerca de 65 mil policías y 20 mil soldados para garantizar los Olímpicos en desarrollo de la mayor operación de seguridad de la historia de Brasil.
"Esto incluye el despliegue de personal militar para encabezar operaciones en las favelas, algo que en ocasiones anteriores ha causado toda una serie de violaciones de derechos humanos que aún no se han investigado y sancionado debidamente", según el grupo.
Además, según Roque, "decenas de personas quedaron heridas y cientos fueron detenidas arbitrariamente durante la represión a las protestas que se registraron antes y durante el Mundial".
Según AI, la represión a las protestas también puede aumentar tras la aprobación en marzo de 2016 de una Ley Antiterrorista ampliamente criticada por los organismos de defensa de los derechos humanos "por su lenguaje vago y poco específico, que deja margen para su aplicación arbitraria en situaciones de protestas sociales".
Igualmente por la aprobación en mayo pasado de la llamada Ley General de los Olímpicos, que "impone nuevas restricciones a los derechos de libertad de expresión y de manifestación pacífica en muchas áreas de la ciudad sede (de los Olímpicos), que pueden ser contrarias a las normas internacionales".
"El evento deportivo no puede ser justificativa para una especie de estado de excepción, en el que los derechos serán suspendidos y la libertad de expresión podrá ser restringida en nombre de la seguridad. Eso tiene consecuencias terribles", alertó Roque.
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