Es un ojo avizor sobre las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas por gobiernos y dictaduras de derecha y de izquierda de América y su historial de detenidos-desaparecidos, intolerancia política, racismo, represión por género, persecución a homosexuales, lesbianas, transexuales o bisexuales y hostilidad contra sindicalistas, indígenas o ambientalistas. Y su futuro —por acción o inacción— podría ser decidido en la Asamblea General que la Organización de Estados Americanos (OEA) realizará aquí entre mañana y el miércoles próximo.
Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creada en 1959 en Chile como órgano consultivo de la OEA y que, 57 años después y en una lucha contra el tiempo, está atrapada en un laberinto financiero del que saldría profundamente debilitada: el 31 de julio de este años se vencen los contratos con 40% de su personal, por lo que, sin recursos cercanos a 30 millones de dólares para renovarlos y operar con normalidad, deberá desmontar parte de sus tareas que son vitales para que funcione como ojo avizor.
Con una CIDH frágil y acorralada, habría un único perdedor: la población americana que acude a esa instancia a denunciar las violaciones de los derechos humanos y a pedir amparo.
“Es un tema grave y preocupante”, dijo el argentino Hernán Alberro, director del (no estatal) Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), foro de análisis político. Salvo Estados Unidos y algunas otras naciones, “ningún otro país” está pidiendo financiar a la CIDH “cueste lo que cueste” para que siga existiendo como “faro de luz de los derechos humanos”, aseguró, en una entrevista con EL UNIVERSAL en esta ciudad.
“Algunos gobiernos están sacando el pie del plato y no quieren apoyar a la Comisión y otros, que es lo más preocupante, hacen caso omiso, por una cuestión financiera o por otro tipo de intereses. Esto implica que más gobiernos están interesados en que no exista este faro que los quiere vigilar. Es un ciclo vicioso en el que un organismo prestigioso empieza a desmembrarse y gobiernos que aprovechan y piensan que les sirve que la Comisión siga desmembrada”, añadió.
Tras aludir indirectamente a las fuertes desavenencias ocurridas este año entre el gobierno de México y la CIDH por las indagaciones del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Guerrero, Alberro aseveró que diversos gobiernos americanos creen que las culpas de “desmembrar” a la Comisión le podrían caer a Venezuela por sus choques con esa institución como vigilante de los derechos humanos.
“México y Brasil no están interesados en destruir a la Comisión. No lo están, pero tampoco están haciendo nada para rescatarla. Algunos gobiernos piensan: que se diga que Venezuela sea la que pague todos los platos, o que fueron Ecuador y Bolivia los que destruyeron a la Comisión pero en la realidad fueron todos los demás los que no hicieron nada para evitarlo. En estos casos no hacer nada es hacer algo”, subrayó. No hacen nada por destruirla aunque “tampoco están interesados en sostenerla”, alegó.
A criterio de la ex presidenta costarricense Laura Chinchilla (2010-2014), la Asamblea de la OEA debe resolver el financiamiento, porque la CIDH “está a punto de quebrar”. En una entrevista con este periódico en esta capital, la ex gobernante argumentó que desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), encabezada por Venezuela y Cuba e integrada por Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Surinam, hay fuerzas interesadas en desbaratar a la CIDH, por emitir fallos en su contra.
“En este tema espero el liderazgo de las democracias que hablan de ser convincentes en sus principios, para que se comprometan a financiar a la CIDH pero sin condicionarlo a las reformas que se proponen y que lo que buscan en el fondo es debilitar [a la Comisión] y quitarle dientes”, advirtió.
