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Aunque que los gobiernos latinoamericanos mantienen silencio ante el acelerado agravamiento de la crisis general de Venezuela, 19 ex presidentes de la región y uno de España denunciaron que el Estado venezolano promueve la persecución política e impulsa la conflictividad institucional en un escenario de ruptura del orden constitucional y democrático.
Los 20 suscribieron una declaración para expresar “nuestra grave preocupación” por la alteración de la Carta Magna, denunciada en un acuerdo que la Asamblea Nacional de ese país emitió el pasado 10 de mayo.
La declaración fue firmada por los ex presidentes Vicente Fox, de México; Jorge Quiroga, de Bolivia; Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; José María Aznar, de España; Sebastián Piñera y Ricardo Lagos, de Chile; Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y César Gaviria de Colombia; Sixto Durán Ballén y Lucio Gutiérrez, de Ecuador; Miguel Ángel Rodríguez, Luis Alberto Monge, Rafael Ángel Calderón y Laura Chinchilla, de Costa Rica; Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani, de El Salvador; Mireya Moscoso, de Panamá; Fernando de la Rúa, de Argentina; y Alejandro Toledo, de Perú.
Los ex mandatarios hicieron “un llamado urgente a los gobernantes de la región” y a las organizaciones internacionales para que “den muestras de solidaridad activa” con el pueblo venezolano para que “supere sus graves padecimientos y restablezca las libertades democráticas”.
Precisaron que en la resolución legislativa que expone la ruptura constitucional, rechazada por la fracción parlamentaria chavista pero aprobada por la mayoritaria bancada de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, “se enumeran distintas acciones inconstitucionales de los poderes públicos que desconocen a la soberanía popular, así como la grave crisis” política en ese país.
El acuerdo destaca, añadieron, que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “gobierna por decreto, haciendo valer un estado de emergencia que no ha autorizado el Poder Legislativo, como lo manda la Constitución”.
“Venezuela atraviesa la peor crisis económica, social y de gobernabilidad de su historia republicana”, advirtieron. “En medio de esta delicada situación, el Poder Ejecutivo, en lugar de dar muestras de buena voluntad para superarla”, promueve la conflictividad y la persecución contra la oposición, viola principios básicos de la democracia y atenta “contra la estabilidad y la paz en el país”, ahora perturbada, acusaron.
Al recordar que la oposición pidió convocar a un referendo para que el pueblo venezolano decida este año si revoca o mantiene el mandato de Maduro, que debe concluir en enero de 2019, adujeron que el acuerdo legislativo instó al presidente a asegurar “la paz activar mecanismos para liberar presos políticos, permitir la ayuda humanitaria externa de alimentos y medicamentos y “abandonar el discurso de odio y violencia”. La crisis venezolana se agravó desde que el chavismo anunció el domingo pasado que la opción de realizar el referendo está descartada.
En este escenario, los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España, Martín Torrijos, de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominicana, eran esperados ayer en Caracas, ya que, por invitación de Maduro, integrarán una “comisión de la verdad” creada por el gobierno para indagar sobre la violencia política en los últimos años en Venezuela. La oposición se niega a participar en esa comisión.
