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La Corte Suprema de Estados Unidos avaló unánimemente los mapas electorales que refuerzan la influencia política creciente de los hispanos estadounidenses, al dictaminar el lunes que los estados pueden contar a todos los residentes, y no solo a los votantes elegibles, para trazar los distritos electorales.
La decisión rechazó una objeción de votantes de Texas que podría haber diluido el poder de voto de los demócratas urbanos en beneficio de los republicanos rurales.
El caso puso a prueba el principio de "una persona, un voto", requisito establecido por la Corte Suprema en 1964 para que los distritos políticos fueran más o menos iguales en población, pero la cuestión planteada era qué población tener en cuenta: a todos o solamente los votantes habilitados.
Todos los 50 estados utilizan el número de residentes como base para trazar sus distritos electorales, pero los cuestionadores dijeron que los distritos rurales para el Senado estatal en el que vivían tenían muchos más votantes elegibles que los distritos urbanos, lo que significaba que sus votos contaban menos, en violación de la Constitución.
En Texas y otros estados con numerosos inmigrantes, los distritos urbanos incluyen mucha más gente muy joven, o no ciudadanos, o no habilitados para votar. Los grupos defensores de los derechos civiles dijeron que forzar a los estados a cambiar su método de trazado de distritos habría perjudicado la influencia política de los hispanos.
Ruth Ginsburg afirmó que "la historia, nuestras decisiones y las prácticas sentadas en todos los 50 estados e incontables jurisdicciones locales apuntan en la misma dirección (...) Los representantes sirven a todos los residentes y no solamente a los elegibles o registrados para votar".
Richard Hasen, experto en derecho electoral en la Escuela de Derecho Irvine, en la Universidad de California, dijo que "un fallo contrario habría trasladado el poder a los distritos rurales republicanos en contra de las áreas urbanas demócratas".
Edward Blum, cuyo Proyecto para una Representación Justa respaldó la demanda, dijo estar decepcionado por el fallo pero pronosticó que "la cuestión de la igualdad de los votantes en Estados Unidos no está resuelta".
Aunque los jueces respaldaron unánimemente el uso de Texas de la población total, los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito no adhirieron a la opinión de Ginsburg.
Thomas afirmó que la Constitución otorga a los estados la libertad de trazar líneas políticas sobre la base de distintos recuentos de población. Refiriéndose al caso en 1964 de Reynolds vs. Sims, dijo que el tribunal supremo "nunca ha fundamentado sólidamente el principio de una persona, un voto".
Por su parte, Alito objetó la dependencia de Ginsburg de la prescripción constitucional de usar el censo de una vez por década para asignar bancas en la Cámara de Representantes estatales. Alito agregó que la historia de la representación congresual ha sido producto del compromiso político.
msl