La muerte de dos jóvenes a manos de dos inmigrantes con órdenes de expulsión desató ayer la polémica en el Congreso de Estados Unidos, donde la oposición republicana cuestionó las políticas migratorias del gobierno y los tratados sobre deportaciones con países como Haití.
“He perdido la oportunidad de acompañar a mi hija en el día de su boda y de consentir a los hijos que ella quería tener”, lamentó en una audiencia del Comité de Control de la Cámara de Representantes Scott Root, padre de Sarah Rae-Ann Root, una joven de 21 años atropellada mortalmente en Nebraska por un indocumentado hondureño.
El inmigrante que mató a Sarah en enero se llama Edwin G. Mejía, tiene 19 años, estuvo detenido por conducir ebrio y causar el accidente en el que falleció Sarah Root, pero posteriormente fue puesto en libertad condicional y aparentemente se fugó a Honduras para evitar un juicio.
Wendy Hartling, madre de Casey Chadwick, asesinada en junio pasado por un migrante haitiano con antecedentes, reclamó “arreglar este horrible problema”.
En la audiencia, la directora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Sarah Saldaña, argumentó que aunque es prioritario deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes, muchos países se niegan “sistemáticamente” a recibir a los deportados y los migrantes quedan libres.
Elijah Cummings, el demócrata de mayor rango en el Comité de Control de la Cámara de Representantes, llamó a “rechazar la retórica racista” como la que ha empleado el aspirante presidencial republicano Donald Trump en la campaña actual y a trabajar juntos “para hacer nuestras comunidades más seguras”.
Saldaña dijo que un muro como el que Trump propone construir en la frontera con México “no protegería nada” a EU. Destacó que en el año fiscal 2014 (del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014), el ICE liberó a 30 mil 558 inmigrantes con antecedentes y órdenes pendientes de deportación, mientras que en el año fiscal 2015 el número descendió a 19 mil 723, lo que representa 30% menos.
