El vicepresidente brasileño, Michel Temer, primero en la línea de sucesión en caso de que la presidenta Dilma Rousseff sea sometida a un juicio político en el Congreso, presentó hoy un recurso para que el tribunal electoral no juzgue sus cuentas de campaña junto a las de la mandataria.
Temer le solicitó al Tribunal Superior Electoral (TSE) que el proceso abierto en esa corte por supuestas irregularidades en las cuentas de campaña establezca una diferencia entre las responsabilidades de la presidenta y las del vicepresidente, informaron hoy sus abogados.
La corte electoral abrió diferentes procesos por irregularidades en la campaña con la que Rousseff y Temer fueron reelegidos en octubre de 2014 como presidenta y vicepresidente de Brasil, respectivamente, y una sentencia condenatoria puede costarle el mandato a ambos.
El tribunal anunció que pretende unificar todas los procesos contra la campaña electoral de la candidatura Rousseff-Temer y que puede pronunciarse en forma definitiva sobre el caso en el segundo semestre de este año o a comienzos de 2017.
Las confesiones de empresarios implicados en el gigantesco escándalo de corrupción de la estatal Petrobras mostraron indicios de que la campaña fue alimentada con recursos desviados de la petrolera, lo que, de comprobarse, puede llevar al tribunal electoral a despojarlos a ambos del mandato y a convocar nuevas elecciones.
Temer, presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), alega que su responsabilidad en las cuentas de campaña no puede ser considerada como idéntica a la de la presidenta, que fue postulada por el oficialista Partido de los Trabajadores (PT).
Según los abogados del vicepresidente, en caso de que la corte concluya que hubo irregularidades en la campaña, Temer no puede recibir la misma sanción que Rousseff debido a que las acusaciones están dirigidas a los recaudadores de donaciones del PT.
La defensa de Temer agrega que el vicepresidente solo puede ser responsabilizado por las donaciones recaudadas por el PMDB para la campaña presidencial.
El PMDB, que era el mayor partido de la alianza oficialista, rompió con el Gobierno el mes pasado y se sumó a los partidos que defienden que el Congreso le abra a Rousseff un juicio político con fines destituyentes.
La apertura del juicio ya fue aprobada el lunes por una comisión parlamentaria y será sometida a votación el próximo domingo en el plenario de la Cámara de Diputados.
En caso de que la Cámara Baja y luego el Senado le den luz verde al proceso, Rousseff tendrá que separarse del cargo por 180 días, que es el plazo que tiene el Senado para juzgarla, y en ese período sería sustituida por Temer, que asumiría en forma definitiva si la presidenta es destituida.
El vicepresidente ha dicho que está preparado para asumir la Presidencia y el pasado lunes, por un supuesto error, divulgó un audio de quince minutos en el que ensaya el discurso que pronunciaría de ser investido.
Incluso aunque asuma como jefe de Estado, Temer aún puede enfrentar un juicio político con fines destituyentes similar al de Rousseff, tal como lo determinó un ministro de la Corte Suprema en una cautelar, y también puede perder el mandato si el tribunal electoral rechaza su petición para que sus cuentas no sean juzgadas junto con las de la mandataria.
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