El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo el miércoles que sólo firmará un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en el plazo fijado del 23 de marzo si se ha alcanzado un pacto satisfactorio para el país y anunció que las conversaciones se extenderán si es necesario.
Es la primera vez que el mandatario admite la posibilidad de no firmar en la fecha pactada inicialmente los acuerdos de paz y cerrar la negociación con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que comenzó a finales del 2012 en Cuba, para poner fin a un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.
Santos y el máximo comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", se habían comprometido en septiembre a firmar el acuerdo de paz para poner fin a la confrontación el 23 de marzo, pero aún quedan pendientes complejos temas por negociar que hacen imposible cumplir el plazo, de acuerdo con fuentes del Gobierno y de la guerrilla.
"Yo por cumplir con una fecha no voy a firmar un mal acuerdo", dijo el presidente en un acto de Gobierno en la ciudad de Pereira, en el centro del país.
"Después de tanto esfuerzo, después de tanto tiempo, si no hemos llegado el 23 (de marzo) a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte: pongamos otra fecha, yo no voy a cumplir la fecha con un mal acuerdo. Yo cumplo y firmo lo que para los colombianos sea un buen acuerdo", explicó.
Horas después, el Senado de Colombia, con el apoyo del Partido Centro Democrático que lidera el ex presidente Álvaro Uribe, aprobó una reforma a una ley que autoriza a Santos a suspender las órdenes de captura de los jefes rebeldes y crear zonas para concentrar y desarmar a la guerrilla de las FARC.
El hecho marcó un hito político, debido a que fue la primera vez que la coalición política del Gobierno logra un acuerdo con el partido de Uribe sobre la paz, un tema sobre el que tienen posiciones diametralmente opuestas.
De acuerdo con lo aprobado, las zonas de ubicación para la guerrilla no estarán en áreas urbanas, serán temporales y no se crearán donde haya cultivos ilícitos y minería ilegal.
Adicionalmente, se acordó que las áreas no estarán en las fronteras, será un número prudente y de tamaño reducido, quienes ingresen deberán estar identificados, incluso dactilarmente, y que habrá verificación de un organismo internacional.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por petición del Gobierno de Colombia y de las FARC, aprobó en enero crear una misión de observadores internacionales para supervisar el cese al fuego bilateral y el desarme de la insurgencia.
Pese a los altibajos en la negociación, las partes ya lograron consensos en temas para dar acceso a los campesinos pobres a la tierra, en la lucha contra el narcotráfico, la transformación de la guerrilla en un movimiento político, justicia y víctimas, desminado y desaparecidos.
Actualmente se discute el cese bilateral y definitivo del fuego y un mecanismo que permita a los ciudadanos refrendar los acuerdos.
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