La Organización de Naciones Unidas (ONU) y grupos defensores de los derechos humanos expresaron preocupación este martes sobre la legalidad de los planes de la Unión Europea de enviar a miles de migrantes de regreso a Turquía, en medio de temores de que ese país no pueda lidiar apropiadamente con ellos.
La Unión Europea (UE) y líderes turcos esbozaron este lunes un acuerdo, que se revisará en la cumbre del bloque europeo el 17 y 18 de marzo, mediante el cual quienes arriben a Grecia escapando de la guerra o la pobreza serían enviadas de regreso a Turquía a menos que soliciten asilo.
Por cada migrante devuelto, la UE aceptaría un refugiado sirio, tratando con ello de prevenir la necesidad de que personas se lancen a travesías peligrosas en el mar, a menudo organizadas por contrabandistas.
“Estoy profundamente preocupado por cualquier arreglo que incluya el regreso de cualquier persona de un país a otro sin detallar las salvaguardas de protección a refugiados”, dijo el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, en declaraciones a legisladores de la UE.
En Ginebra, el director del buró europeo de la agencia de la ONU para los refugiados, Vincent Cochetel, les dijo a reporteros que la expulsión colectiva de extranjeros está prohibida por las leyes internacionales.
Por su parte, Amnistía Internacional advirtió que el plan tiene fallas legales. El intento de Europa de designar a Turquía como país seguro es “alarmantemente miope e inhumano”, indicó el grupo.
En 2015 arribaron a Europa más de un millón de refugiados. En enero de este año la cifra ascendió a 140 mil, según la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM). En Grecia la situación es alarmante debido a que los cientos de miles de migrantes que han llegado a sus costas para alcanzar el centro de Europa a través de los Balcanes llevan meses varados en campamentos sobrepoblados, como el de Idomeni, en la frontera con Macedonia, cuya capacidad para 2 mil personas ha sido rebasada al acoger actualmente a 13 mil.
Human Rights Watch (HRW) alertó que el acuerdo convierte a los refugiados en “moneda de cambio” y que Turquía no puede considerarse como país seguro para éstos. Mediante un comunicado, la organización comentó que ese país es el único del mundo que pese a haber ratificado la Convención de Refugiados en 1951 aplicará una limitación geográfica de modo que sólo los ciudadanos europeos puedan adquirir el estatus de refugiados en el país.
Los líderes europeos respaldaron la legalidad del principio del acuerdo al argumentar que la directiva comunitaria ampara que un Estado miembro rechace una petición de asilo si la persona viene de un país seguro, estatus que otorgaron a Turquía.
“Turquía ha devuelto forzosamente refugiados a Siria y muchos refugiados en el país viven en condiciones desesperadas, sin albergue adecuado”, comentó Iverna McGowan, jefa de la oficina de Amnistía en Europa.
De firmarse el acuerdo, Turquía obtendría 3 mil millones de euros en ayuda para refugiados, además de que abriría la posibilidad de acelerar su ingreso a la UE y a la obtención de viajes sin visa para sus ciudadanos en un plazo de cuatro meses, entre otros privilegios.
