Amnistía Internacional denunció este martes fallas en la investigación del asesinato de la líder indígena y activista hondureña Berta Cáceres ocurrido el pasado 3 de marzo, y criticó las medidas a las que está siendo sometido el único testigo de los hechos, el mexicano y también activista Gustavo Castro, cuya vida, según la organización, corre peligro.
Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía para las Américas, dijo a la Associated Press que no se está llamando a declarar a quienes Cáceres había denunciado por amenazas de muerte, no se ha aceptado la petición de la familia de la víctima de que participen en la investigación peritos independientes dado que "no existe una capacidad forense adecuada" en el país, y la principal línea de investigación no está enfocada en su trabajo como reconocida defensora de los derechos de los indígenas a su territorio.
Además, el único testigo de los hechos, el también activista Gustavo Castro, que resultó herido en el ataque a Cáceres y fingió estar muerto para salvar la vida, corre peligro porque en el contexto actual "no existen condiciones para garantizar su seguridad", pero las autoridades no le permiten salir por 30 días aunque ya rindió declaración varias veces y podría seguir colaborando desde México.
"El gobierno ha reiterado su compromiso por la verdad y la justicia, pero no se traduce en resultados", denunció Guevara-Rosas, quien mostró su preocupación por el clima de "impunidad y corrupción" que vive Honduras, donde han sido asesinados 118 activistas en los últimos 10 años, según datos de Amnistía.
En conversación telefónica desde Tegucigalpa, la representante de la ONG criticó que no haya un pronunciamiento oficial sobre las líneas de investigación que se están llevando en el caso de Berta Cáceres, pero que extraoficialmente se divulgue que el móvil del asesinato podría haber sido un robo o un crimen pasional, algo que no dudó en calificar de "ofensivo".
Cáceres, una indígena lenca de 45 años, ganadora de un prestigioso premio de ambientalismo, había denunciado que era objeto de amenazas de muerte por parte de la policía, el ejército y grupos de terratenientes y empresas cuyos proyectos combatía en defensa del territorio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgado medidas cautelares desde 2009, pero el gobierno hondureño no le asignó protección.
Guevara-Rosas añadió que la autoridad debería investigar las denuncias hechas por Gustavo Castro, quien dice que se han manipulado las evidencias y modificado la escena del crimen y dijo temer por su vida aunque en estos momentos se encuentra bajo protección de la embajada de México en Tegucigalpa.
Según Amnistía, el asesinato de Cáceres ha supuesto "un grave retroceso" en materia de derechos humanos en Honduras donde ha reinado la impunidad ante otros homicidios similares. "Ahora hay mucho temor, mucha incertidumbre porque todos los defensores consideraban a Berta intocable".
En Estados Unidos, 18 legisladores demócratas pidieron al secretario de Estado John Kerry seguir de cerca la investigación adelantada por las autoridades hondureñas del asesinato de Cáceres.
Los congresistas, encabezados por el californiano Sam Farr, advirtieron que "seguiremos este caso de cerca y consideraremos cuidadosamente sus posibles implicaciones para el futuro de la ayuda estadounidense a Honduras".
A lo largo de su lucha de décadas, Cáceres impidió, por ejemplo, que el constructor más grande de represas del mundo, la compañía estatal Sinohydro de China, retirara su participación en un proyecto hidroeléctrico sobre el río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia. La Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invertiría en la obra, también abandonó la iniciativa.
Los lencas, con más de 400 mil miembros diseminados en Honduras y El Salvador, se consideran custodios de la naturaleza y sobre todo de los ríos. Según la tradición lenca, en los ríos residen los espíritus de sus mujeres, que son sus principales guardianas.
ahd
