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Honduras quedó conmocionada por el asesinato hoy en la madrugada de la hondureña Berta Cáceres Flores, líder de la etnia indígena lenca, activista de derechos humanos, defensora del medio ambiente y dirigente antigubernamental, en un ataque a balazos dentro de su casa, en el que el ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto resultó herido pero está a salvo en un sitio no revelado de ese país.
El Consulado de México en Tegucigalpa informó esta tarde a EL UNIVERSAL que como Castro en estos momentos es “testigo protegido” de autoridades judiciales y policiales de Honduras, esa legación todavía no ha podido conversar con él, ya que, “por seguridad”, tampoco se le dio información del lugar en el que permanece convaleciente. Hoy en la tarde trascendió que está en un centro de salud bajo resguardo policial.
Castro, cuya fecha de ingreso a Honduras tampoco fue revelada, viajó a esa nación a impartir cursos de medio ambiente, informó hoy el hondureño Salvador Zúñiga, ex esposo de Cáceres, citado por medios de prensa de ese país. El mexicano estaba hospedado en la casa de Cáceres, en un barrio de La Esperanza, capital del suroccidental departamento de Intibucá, y a la que aparentemente cerca de las 01:00 horas de hoy se introdujo a la fuerza un hombre que disparó contra la mujer e hirió a Castro.
Zúñiga afirmó que el mexicano es testigo clave para aclarar unos hechos que sacudieron a un país que está entre los más violentos del mundo.
Mientras el motivo y otros detalles del ataque se desconocen o están bajo reserva judicial y policial, múltiples sectores de la sociedad hondureña han expresado su repudio por los hechos y exigieron esclarecerlos en su totalidad.
Cáceres, cuyo cadáver fue traslado hoy en un helicóptero militar a una morgue de Tegucigalpa para la autopsia, ha sido considerada como una de las más importantes ambientalistas y defensoras de los indígenas y reconocida por su protección de los derechos humanos y su intensa labor como dirigente antigubernamental y promotora de los derechos de las mujeres.
El embajador de Estados en Honduras, James D. Nealon, emitió un comunicado en el que condenó “fuertemente este repudiable crimen” y lo calificó como “cobarde asesinato”.
“Esta mañana me he comunicado con las autoridades hondureñas y he ofrecido todos los recursos de mi gobierno para apoyar los esfuerzos para llevar a estos criminales ante la justicia”, afirmó Nealon. Estados Unidos “hace un llamado por una pronta y exhaustiva investigación de este crimen y que se aplique todo el peso de la ley a los que resulten responsables”, pidió.
Berta Flores, madre de la dirigente, acusó al gobierno del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de ser responsable del asesinato de su hija.
Por su parte, Gustavo Cáceres, hermano de la activista, aseguró que “Berta tuvo miles de amenazas. Su arma era la voz, nunca anduvo armada, la amenazaron por su lucha amplia, por la riqueza de nuestros pueblos. Era un tesoro en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas”, informó esta mañana el diario La Prensa, de la norteña ciudad hondureña de San Pedro Sula.
El diario La Tribuna, de Tegucigalpa, reportó que en las cercanías de la morgue se instaló un grupo “nutrido” de personas que exigen a las autoridades encontrar a los responsables del crimen y que en ese sitio se levantó “un pequeño altar” en homenaje a la labor de Cáceres en la protección de los derechos humanos, la mujer y el medio ambiente. Cáceres era madre de cuatro hijos y estaba separada de Zúñiga.
Cáceres, quien en 2015 recibió en Washington el premio Goldman Enviromental por su activismo ambientalista, ganó notoriedad cuando intensificó una serie de protestas indígenas en contra de la instalación de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, en el occidente de Honduras, que para los indígenas lenca es sagrado y esencial para su supervivencia.
Por la presión de Cáceres y su movimiento, y en decisiones adoptadas en 2013 y en 2014, el Banco Mundial y la empresa Sinohydro—firma estatal de China que está calificada como una de las más importantes firmas constructoras globales—se vieron obligadas a echar atrás y a desistir de sus millonarios planes para edificar la represa.
El secretario de Seguridad Pública de Honduras, Julián Pacheco, confirmó que Cáceres tenía protección policial por las frecuentes amenazas de muerte en su contra. Tras aducir que pese a que la activista “siempre iba resguardada” en sus recorridos en Intibucá, el secretario dijo a la prensa que “la residencia donde perdió la vida no había sido reportada a los custodios”.
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