Washington.— La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer por 234 votos a favor y 186 en contra una resolución que le permitirá presentar ante el Tribunal Supremo un escrito contra los decretos migratorios del presidente Barack Obama, bloqueados desde hace más de un año en los tribunales.
Cinco republicanos votaron contra la medida. El objetivo es evitar que Obama otorgue papeles temporales a cinco de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven actualmente en EU. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, forzó un voto sin precedentes sobre la resolución. “Se trata de la integridad de nuestra Constitución. La separación de poderes no puede ser más clara”, dijo Ryan. Los republicanos, que tienen la mayoría en ambas cámaras, argumentan que Obama se excedió en su poder ejecutivo al conceder papeles temporales a los indocumentados.
Tras la aprobación de esta resolución, la Cámara Baja presentará ante el Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial de EU, una declaración amicus curiae (amigo del tribunal) en contra de los decretos de Obama. Bajo esa figura, podrán presentar cartas de apoyo externando su opinión en el litigio, para colaborar con el tribunal en la resolución sobre los decretos migratorios.
El congresista demócrata Luis Gutiérrez acusó a los republicanos de “hacer politiquería con los inmigrantes”. “Al apoyar esta resolución, los líderes republicanos de la Cámara Baja validaron el discurso político racista de Donald Trump”, dijo a su vez Richard Trumka, presidente del sindicato AFL-CIO.
El 8 de marzo, 186 congresistas y 39 senadores demócratas enviaron al Supremo otro amicus curiae defendiendo la legalidad de los decretos de Obama. En 2012, el mandatario anunció un programa ejecutivo conocido como Acción Diferida (DACA) para evitar la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron de niños a EU. Ante la parálisis de la reforma migratoria en el Congreso, en noviembre de 2014 anunció una ampliación del decreto, la llamada Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), para evitar la deportación de los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o hijos con residencia permanente.
Texas y otros 25 estados gobernados por republicanos denunciaron los decretos en los tribunales y lograron que el juez Andrew Hanen, de Texas, los bloqueara en febrero de 2015. En noviembre, un tribunal de apelaciones decidió mantener el bloqueo, y el gobierno apeló ante el Supremo. El 18 de abril tendrá lugar la primera audiencia y se espera que en junio el Supremo anuncie su decisión.
