La operación “Rápido y Furioso” de trasiego ilegal de armas de Estados Unidos a México fue “supervisada de manera irresponsable” por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y la fiscalía en Phoenix, concluyó hoy un reporte oficial.
El informe final de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia sostuvo que tanto la oficina local de la ATF, como los fiscales federales, “fracasaron en considerar adecuadamente los riesgos para la seguridad pública de Estados Unidos y México”.
“Encontramos que los cuarteles generales de la ATF y el liderazgo de la Oficina de Fiscales fallaron en ejercer una supervisión adecuada de la operación (...) a la luz de sus riesgos y de nuestra relación con México”, sentenció el documento de 26 páginas y anexos.
La operación “Rápido y Furioso” fue conducida de 2006 a 2011 por la ATF y permitió el trasiego ilegal “supervisado” de más de dos mil armas de Estados Unidos a México, como parte de un operativo estadunidense contra el cártel de Sinaloa.
El nuevo reporte de la OIG, solicitado para evaluar sus propias recomendaciones originales, atribuyó una parte de la responsabilidad del fracaso de “Rápido y Furioso” al liderazgo de la ATF en Washington.
“Concluimos que el liderazgo de la ATF debió percatarse que los agentes no estaban adoptando acciones apropiadas conforme la compra de armas por intermediarios ocurría a un ritmo alarmante y debió haberle puesto fin a la operación”, apuntó el informe.
“Adicionalmente determinamos que algunos altos funcionarios de ATF ignoraron advertencias de personal de la ATF sobre la decisión de los agentes de no confiscar armas a pesar de que tenían la autoridad legal para hacerlo”, concluyó el Inspector General.
Apenas el pasado 19 de enero la jueza federal Amy Berman dictaminó que el presidente estadunidense Barack Obama no puede invocar “privilegio ejecutivo” y debe entregar al Congreso documentos conectados con “Rápido y Furioso”.
Aunque Obama ha hecho llegar más de 64 mil documentos al Congreso, había invocado “privilegio ejecutivo” para limitar la cantidad y alcance de los archivos que su gobierno estaba dispuesto a entregar al Legislativo en relación con la pesquisa de la Cámara de Representantes.
Antes, en agosto de 2015, la propia jueza Berman ordenó al Departamento de Justicia la entrega de la lista de documentos privilegiados sobre la polémica operación.
La orden judicial obligó al procurador federal la entrega de los documentos del operativo que no son considerados como protegidos por el privilegio ejecutivo, a fin de que puedan ser evaluados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
En 2013, la misma jueza rechazó una petición del entonces procurador de Justicia, Eric Holder, para anular la demanda del Comité de Supervisión para la entrega de documentos relacionados con la operación.
Aunque un reporte separado del Inspector General exoneró a Holder de cualquier responsabilidad, hizo sin embargo críticas a tres funcionarios: el ex subprocurador Gary Gindler, el procurador adjunto Lanny Breuer y el subprocurador adjunto Jason Weinstein.
