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España vivió ayer una nueva jornada de tensión política como consecuencia del desafío independentista de Cataluña, cuando el pleno del Tribunal Constitucional (TC) español suspendió con carácter provisional e inmediato la resolución secesionista aprobada el lunes pasado por el Parlamento autónomo catalán.
El TC decidió por unanimidad admitir a trámite la impugnación que el gobierno español de Mariano Rajoy (Partido Popular, PP), había presentado ese mismo día contra la resolución de independencia catalana, por lo que automáticamente dicha resolución quedó paralizada. Sin embargo, apenas unos minutos después de conocerse la noticia y en un nuevo desafío, la vicepresidenta del gobierno catalán, Neus Munté, aseguró que el Ejecutivo de Artur Mas seguirá adelante con sus planes y que no obedecerá al TC.
“La voluntad política es tirar adelante el mandato del Parlamento y la resolución aprobada el lunes”, aseguró la vicepresidenta en una declaración institucional en la que no quiso utilizar las palabras desacato ni desobediencia. “El texto se aprobó de manera democrática tras un debate parlamentario en el que los grupos discutieron la propuesta, que finalmente se votó”, recordó. “El gobierno de Artur Mas debe obedecer al Parlamento catalán, que es el que tiene la soberanía”, añadió.
Ahora el TC notificará personalmente a los 21 cargos del Parlamento de Cataluña, entre ellos a Mas y a la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, quienes no podrán llevar a cabo ninguna iniciativa relacionada con dicha resolución. Es decir, que no podrán aprobar, como pretenden, ninguna de las tres leyes para iniciar el camino hacia la independencia, como la relativa a una Seguridad Social y a una Hacienda propias.
Lo que no se producirán serán inhabilitaciones, ya que aunque el gobierno de Rajoy había pedido en su recurso que se les hiciese un “apercibimiento expreso de suspensión en sus funciones”, el TC no lo hace.
Ahora el TC tiene cinco meses para dictar una sentencia sobre la declaración de independencia o para suspenderla de manera indefinida.
El pleno del TC se celebró después de que el gobierno de Rajoy encabezara un consejo de ministros extraordinario en el que se aprobó la presentación de dicho recurso tras contar con el visto bueno del Consejo de Estado.
Luego Rajoy hizo una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, durante la cual acusó a los independentistas catalanes de querer “arrebatar a los españoles su principal conquista: la democracia, así como la soberanía nacional”. Añadió que sin respeto a la ley, “cualquier poder, cualquier gobierno pierde su legitimación” y dijo que no permitirá “que acaben con la democracia”.
“Otros tiempos”. “Quieren devolvernos a la arbitrariedad del poder y retroceder a otros tiempos que la España constitucional ha dejado atrás definitivamente”, dijo. “Pretenden acabar con la democracia y el Estado de derecho, quebrar la unidad de España, y no lo vamos a permitir”, aseguró.
Ante la gravedad de la situación, el rey Felipe VI, quien es también el jefe del Estado español, modificó ayer su agenda para estar atento al consejo de ministros extraordinario celebrado y, en una declaración inusual, reconoció que “son días complicados, pero sin duda merecía la pena estar con ustedes y recibir este impulso de frescura y de ilusión que representan todos”, señaló.
También Albert Rivera, líder de Ciudadanos, se refirió al problema catalán. Apoyó la estrategia de Rajoy de recurrir al TC y dijo que “hay que parar este golpe a la democracia”, aunque lamentó que el mandatario “no tiene un plan para el mediano y largo plazos. A partir del 20 de diciembre [fecha de las elecciones generales], el nuevo gobierno tiene que rehacer el proyecto común español”, aseguró tras subrayar la necesidad de restablecer “un proyecto común para toda una generación”.
Hoy se celebrará la segunda votación de investidura de Artur Mas como presidente del gobierno autónomo catalán, pero en esta ocasión le bastará con obtener mayoría simple para salir elegido. Es decir, le bastará el apoyo de su grupo Juntos por el Sí, el de dos de los 10 diputados de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), una organización política de izquierdas, separatista, anticapitalista y euroescéptica con la que Mas inició su proceso independentista y que logró 10 escaños, y la abstención del resto. Ayer, en un último intento por lograr desbloquear la negociación, conseguir el apoyo de la CUP y así ser investido presidente, ofreció tres vicepresidencias: una a Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Cataluña (histórico rival de CDC), otra al independiente Raúl Romeva y otra a Neus Munté (Convergencia Democrática de Cataluña).
Sin embargo, la CUP ha dicho que no le apoyará ya que prefiere que el nuevo presidente sea Romeva. Hoy se verá si los 10 diputados cumplen su palabra.
