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Brasilia.— La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, perdió ayer una importante batalla legal cuando la corte federal de auditorías rechazó las cuentas fiscales del año pasado de su gobierno, despejando el camino para que sus opositores intenten realizar un juicio político en su contra.
En una votación unánime, la Corte Federal de Cuentas de Brasil (TCU, por sus siglas en portugués), determinó que el gobierno de Rousseff manipuló sus cuentas en 2014 para ocultar un creciente déficit fiscal, en momentos en que la mandataria realizaba una campaña para obtener la reelección. El fallo, el primero de la TCU contra un presidente brasileño en casi 80 años, no es legalmente vinculante, pero será utilizado por legisladores de oposición para justificar el inicio de un juicio político contra la impopular líder izquierdista en un Congreso cada vez más hostil con el gobierno. El relator del proceso en la TCU, Augusto Nardes, calificó el escenario del año pasado como de “caos fiscal”.
El despacho de Rousseff dijo que no existen fundamentos legales para el fallo y afirmó en un comunicado que la corte sancionó indebidamente acciones adoptadas por su gobierno para mantener activos los programas sociales que favorecen a los pobres del país.
Los líderes opositores se abrazaron y celebraron luego de que el fallo fue anunciado en el Congreso, aunque no está claro qué tan pronto actuarán o si tendrán el apoyo suficiente para lanzar un proceso contra la presidenta pese al creciente escándalo que involucra a la estatal Petrobras y a la recesión más grave de Brasil en 25 años.
“Esto establece que ellos adulteraron las cuentas fiscales, lo que es un crimen administrativo y la presidenta Rousseff debería enfrentar una votación sobre un juicio político”, dijo Carlos Sampaio, líder del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en la Cámara Baja.
El congresista Rubens Bueno, del Partido Popular Socialista, dijo que “es el fin del gobierno de Rousseff”, agregando que la oposición tiene los votos para iniciar los procedimientos en la Cámara Baja, aunque quizás no alcance la mayoría de dos tercios necesaria para un juicio político en el Senado.
El gobierno había pedido a la Corte Suprema que retrasara el dictamen de ayer, pero el principal tribunal de Brasil lo rechazó. Reuters y DPA
