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A veces construir la paz es difícil después de tanta guerra. Por eso, tres años después de iniciado el cuarto intento en tres décadas para encontrar una solución al conflicto, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acaban de ingresar en la fase final de las negociaciones, según coincidieron en afirmar el presidente, Juan Manuel Santos, en su reciente discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), y el líder guerrillero Rodrigo Londoño, Timochenko, en días pasados, tras el apretón de manos que ambos se dieron en La Habana el pasado 23 de septiembre.
La paz en Colombia, tiene una fecha límite: el 23 de marzo de 2016, según lo acordaron las partes. De no mediar inconvenientes o acelerarse las conversaciones, como advirtió Timochenko, en recientes declaraciones, ese será el último día del diferendo armado más antiguo del hemisferio occidental y el único que queda en pie de la era de la Guerra Fría en América Latina. Una guerra interna que se extiende desde 1964, cuando las huestes de Manuel Marulanda, Tirofijo, establecieron en el sur del Tolima la “República de Marquetalia”.
A lo largo de estos 36 meses de diálogos, donde no faltaron los obstáculos ni los retrocesos y las amenazas de romper las negociaciones, la comisión del gobierno de Santos, a cargo del ex vicepresidente Humberto de la Calle y la delegación de las FARC en La Habana, avanzaron como nunca antes en medio siglo de conflicto.
En 1984, durante el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986), se llevó a cabo una negociación conocida como “Los acuerdos de La Uribe” para el alto el fuego, que fracasó dos años después, cuando los dirigentes de la Unión Patriótica caían asesinados como moscas. Después, en 1991, las FARC, junto con otros grupos guerrilleros, se constituyeron en la Coordinadora Simón Bolívar y participaron de las negociaciones en Caracas y en Tlaxcala, México, que volverían a sucumbir 22 meses más tarde.
En 1998, Andrés Pastrana llegó al poder aupado en una propuesta de negociación de paz en una zona de distensión, en el Caquetá, más precisamente en San Vicente del Caguán, que consumió casi los cuatro años de aquel periodo de gobierno, para concluir de la peor manera: con los secuestros del senador Jorge Géchem y de la candidata presidencial Ingrid Betancourt en 2002. Ya por entonces y en los años subsecuentes, la mayoría de los colombianos creyó que el único camino era la guerra sin cuartel que proponía el entonces presidente Álvaro Uribe, hasta que Santos, quien como ministro de Defensa tuvo los logros más importantes en la represión de la guerrilla, abrió el camino a la paz.
“Hemos llegado adonde nunca antes lo habíamos hecho. Creo que falta resolver puntos importantes que marcarán el pulso de las gestiones de aquí hasta el final”, explica la politóloga de la Universidad de Los Andes, Sandra Borda. Para el también cientista político Alejo Vargas, “no es poco lo que falta aún. Por ejemplo, se avanza con las FARC pero con el ELN [Ejército de Liberación Nacional] la negociación aún no ha empezado”.
“De todas formas, creo que ya se negoció uno de los puntos más difíciles de la agenda, como el de la justicia y su aplicación, lo que debería allanar el camino para determinar el tema del cese el fuego, la dejación de las armas y la reinserción social”, aclara Vargas.
No fue fácil llegar hasta aquí. Además del escepticismo de gran parte de la población, el gobierno y la guerrilla debieron superar la desconfianza y la memoria histórica que indicaba que ninguno de los otros tres procesos de paz había dado frutos. El conflicto armado ya se cobró casi de 250 mil víctimas, ocho millones de personas desplazadas de sus territorios a lo largo de estos 51 años y un agujero al tesoro nacional en los últimos 12 años de 92 mil millones de dólares, según cifras del Ministerio de Hacienda.
“Si Colombia crece a un 5% anual, sin el conflicto el PIB podría crecer dos puntos más, según un estudio que realizó el senador Juan Laserna, aunque el equivalente a ese monto debería ir a financiar la paz, como la reparación a las víctimas y la reinserción de los movilizados”, explica el sociólogo Juan Martín Vélez.
En la actualidad, Colombia destina 13.2 mil millones de dólares al área de Defensa, lo que equivale a 17.5 % de su presupuesto anual, el más alto de la región y que, una vez acabado el conflicto, debería ser revisado para apoyar otras áreas, aunque el ex presidente del Banco Central, Salomón Kalmanovitz, uno de los economistas más respetados del país, sostiene que “una vez alcanzada la paz debería mantenerse ese nivel por unos años más, ya que la experiencia en otros países de América Latina indica que el postconflicto viene acompañado por un crecimiento de la delincuencia”.
Pero como suele decir la senadora de Alianza Verde, Claudia López, “no vamos a ensillar sin tener las bestias amarradas”. Las negociaciones en La Habana continúan y hasta aquí ya se destrabaron los puntos más urticantes de la agenda, como el de desarrollo agrario, la solución al tema de las drogas ilícitas y, en lo que respecta al último punto, el de la justicia, ya se acordaron los términos de la justicia transicional para tratar de evitar la impunidad en todos los órdenes. Algo que para Borda “es un punto clave e importante. El hecho de que se hayan establecido entre cinco y ocho años para las penas por los delitos cometidos, tanto por las FARC, como por los militares o cualquiera de los actores en conflicto”.
Lo que determina este punto es que los miembros de las FARC no podrán ingresar a la actividad política inmediatamente después de acabado el conflicto. Un 71% de los colombianos apoya este punto. “Allí también los miembros de la sociedad civil, inclusive empresarios y hasta presidentes que hayan impulsado o cometido crímenes de lesa humanidad, serán pasibles de recibir condenas, porque aquí no hubo muertos buenos o muertos malos”, explicó la senadora López. Y es en este punto, el de la resolución de los crímenes de lesa humanidad, donde va surgiendo lo más novedoso de este proceso, comparado con otros similares como el de Guatemala, Nicaragua o los que sobrevinieron a las dictaduras de Uruguay, Chile o Argentina.
“Lo interesante de este tema de la justicia transicional es que todos los actores, guerrilleros, militares, políticos o empresarios, estarán sometidos a la justicia para poder cerrar lo más rápido posible las heridas y avanzar como país en otra dirección”, agrega Borda.
Ahora falta acordar lo que respecta a la reparación a las víctimas y la participación política de los desmovilizados. Una vez cerrados esos asuntos, llegará el turno de encontrar los mecanismos de refrendación de los acuerdos.
Hace algunas semanas, el presidente Santos aclaró que “la última palabra sobre si queremos o no queremos la paz la tendrán los colombianos”.
Al respecto, De la Calle habló en agosto de un abanico de posibilidades. “Puede ser una consulta popular, un referéndum o un plebiscito. Se analizará de común acuerdo”.
Para el analista Jairo Libreros, de la Universidad Externado de Colombia, “queda por definir cómo se refrendarán los acuerdos. En su momento, las FARC hablaron de una Asamblea Constituyente, pero es temprano aún para conocer este punto”.
Tras el apretón de manos entre Santos y Timochenko, a instancias del mandatario cubano Raúl Castro en La Habana, el gobierno y la insurgencia comenzaron a transitar el último tramo, tal vez el más trabajoso, para terminar de convencer a los colombianos de que esta vez sí, la paz es posible. En Colombia se celebra aún ese momento y la referencia del papa Francisco, a su paso por Cuba, abogando por la paz en el país.
Al frente de los enemigos de la paz aparece siempre el ex presidente Uribe, quien ve languidecer su estrategia política. Al menos, a decir por lo que viene ocurriendo en La Habana y dada la mayoría que la iniciativa de paz está conquistando en el Congreso. “A este paso, a Uribe sólo le quedará hacer campaña contra un eventual plebiscito”, reflexiona López.
A pesar de los matices y la ansiedad de algunos sectores después de tres años de negociaciones, el próximo 23 de marzo, a más tardar, Santos y Timochenko deberán estar frente a frente para anunciarle al mundo que América Latina quedó despojada de conflictos armados y que a pesar de cierta desconfianza y de la resignación que suelen manifestar aún varios millones de colombianos, no hay guerra que vaya a durar 100 años.
