Tegucigalpa.— Con dos frases, sencillas y directas, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, describió la profunda crisis institucional hondureña por el estallido de un escándalo de corrupción política con un fraude por más de 350 millones de dólares a la seguridad social que permitió financiar, en 2013, la campaña del oficialista Partido Nacional (PN) y llevar a la Presidencia, a partir de enero de 2014, a su candidato, Juan Orlando Hernández.
La injusticia social crece por el descontrol de la corrupción y de la impunidad, dijo Cáceres en una entrevista con EL UNIVERSAL. El crimen organizado penetró “las estructuras del Estado”, advirtió el jerarca de la institución estatal.
¿Cómo describe la profundidad de la corrupción?
—Honduras vive una crisis de violencia, delincuencia, inseguridad, corrupción, desconfianza e incertidumbre. La situación tiende a afectar negativamente, aún más, el debido cumplimiento y respeto de los derechos humanos. La vulneración de los derechos humanos en particular contra la vida, integridad física, salud, seguridad, trabajo, opinión y libre expresión del pensamiento, aumentó en los últimos años por factores como delincuencia, corrupción, crimen organizado e impunidad.
¿Cómo responden las instituciones estatales?
—Lamentamos que el crimen organizado penetrara las estructuras del Estado y se perdiera la fortaleza institucional. Reconocemos los esfuerzos del gobierno (hondureño) contra el crimen organizado y la corrupción, pero es necesario fortalecer la institucionalidad del Estado para hacerle frente a males públicos.
¿Cuál es el impacto social de la corrupción?
—La corrupción no debe ser vista únicamente como un delito frente al Estado, sino como vulneración por los efectos negativos sobre derechos individuales y colectivos. Reconocemos que la injusticia social se genera en el país por la falta de mecanismos de control efectivo de la corrupción y de la impunidad. Somos del criterio de que actos de corrupción, como el cometido en la seguridad social, no deben quedar impunes y los corruptos tienen obligación de reparar los daños causados.
¿Persiste la impunidad?
—En Honduras existe impunidad con gran parte de los delitos, en especial contra personas, grupos o sectores determinados, como abogados, jueces, fiscales, periodistas, policías, taxistas, conductores de buses, mujeres y personas de la diversidad sexual. El reto que enfrentamos, en las actuales circunstancias, es romper el círculo vicioso de corrupción, impunidad, desconfianza, violencia e inseguridad, atacando las causas de la criminalidad, ofreciendo medidas sociales con educación, trabajo, participación del pueblo, salud, que mejoren las condiciones de vida de los hondureños.
¿Puede el país seguir en esta condición?
—La sociedad democrática debe ser inclusiva. Es urgente conducir el destino de Honduras por la ruta de la dignidad y el bienestar, con un diálogo no sólo con partidos políticos, sino con diferentes sectores de la población.
