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Hay reformas que se promulgan con el afán de que nada cambie. Ésa es su función: simular el cambio, aparentar que algo se hace, que se atiende un reclamo social o que se pone atención a lo que señala la sociedad civil.
Pero en el fondo todo mundo sabe que nada va a modificarse. Un ejemplo de esta histórica práctica de simulación que caracteriza a buena parte de la clase política nacional es la reforma anticorrupción, impulsada luego de los escándalos que caracterizaron la primera mitad del sexenio.
Ante el indignado reclamo social, la respuesta de las fuerzas políticas fue acordar una vistosa reforma a la Constitución. Dicha reforma debería haber aterrizado en un conjunto de leyes federales y locales, las cuales en su momento tenían que haber sido aplicadas por funcionarios, algunos que ya estaban nombrados y otros debían nombrarse por el Congreso de la Unión o, según el caso, por los órganos legislativos locales.
Pues bien, el resultado de ese inmenso esfuerzo ha sido, en la práctica, nada más que una enorme simulación. Cualquier ciudadano que tenga contacto con órganos públicos sabe que la corrupción no ha bajado nada, sino que probablemente esté peor que nunca. Pero además hoy tenemos evidencias suficientes en el sentido que la enorme corrupción que caracteriza al Estado mexicano no es un monopolio de un cierto partido político, sino una práctica que los carcome a todos por igual.
No se trata de una práctica de unos, sino de una falta de entereza moral de todos. Tal parece que fuera un requisito para llegar al ejercicio del poder: hay que entrarle a las prácticas de corrupción o no se puede llegar.
De hecho, en alguna medida las prácticas corruptas se originan desde las campañas, a partir de los compromisos que enlazan a candidatos y empresarios (o peor, con el crimen organizado). Pero el órgano que debe perseguir esos delitos, por violaciones diversas en materia de delitos electorales, que es la FEPADE, ha sido uno de los fracasos institucionales más clamorosos de las décadas recientes.
De la misma forma, en una absoluta simulación, los nombramientos de los fiscales anticorrupción se han demorado indebidamente. Empezando por el titular de la Fiscalía Especializada que debe operar a nivel federal, en el que no hay avances. En los estados en los que ya fueron nombrados fiscales anticorrupción no siempre han recaído dichos nombramientos en personas independientes y con prestigio profesional, sino todo lo contrario.
Es probable, a la luz de lo anterior, que la ubicación de México en los rankings de países más corruptos no mejore mucho. Haría falta un liderazgo ético que hoy ningún partido puede ofrecer. Incluso aquellos que todavía tienen poca o muy escasa experiencia de gobierno, tienen entre sus filas a personajes impresentables.
El dato alentador que se puede vislumbrar, dentro de la ciénega de prácticas corruptas en la que está capturada la institucionalidad del país, es el enorme micrófono que las redes sociales le prestan a las voces de la sociedad civil que expresan el hartazgo nacional y el reclamo y exhibición de políticos corruptos. Esas voces suponen una mínima, pero al fin y al cabo visible, fuente de deslegitimación que debería poner a pensar a nuestros políticos sobre las consecuencias de sus actos.
Deben saber que cada ciudadano es un potencial periodista que puede tomar una foto, grabar un video, escribir un artículo en un blog, poniendo en evidencia las consuetudinarias prácticas de corrupción. Esas voces merecen ser escuchadas y no minimizadas. El enorme pluralismo de las redes sociales permite también que circulen noticias falsas y que se hagan acusaciones frívolas. Pueden cometerse (y se han cometido, desde luego) injusticias, pero es mejor contar con esos foros para la sociedad civil, en vez de depender solamente de los medios tradicionales.
Seguramente en los meses por venir veremos una intensa actividad crítica de las redes sociales, en contra de políticos corruptos. Ojalá las oigamos y ojalá demos curso a la indignación nacional por la simulación inmensa de las reformas anticorrupción. Esa también es una forma para construir un país mejor.
Investigador del IIJ-UNAM
