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phenelope.aldaz@eluniversal.com.mx
El gobierno capitalino cuenta con las facultades legales necesarias para decidir qué proyecto habrá de realizarse en los terrenos que dejará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Los argumentos forman parte de la Primera Entrega para la Opinión de la Ciudad, documento en poder de EL UNIVERSAL y que será presentado hoy al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
De manera paralela, el gobierno federal realiza un Plan Maestro, para lo cual convocó a la administración local a fin de que aporte sus propuestas, reconociendo en ello sus facultades para definir el uso que habrá de darse al predio de 710 hectáreas.
La Primera Entrega para la Opinión de la Ciudad señala que la Constitución Política, la Ley General de Asentamientos Humanos y la legislación local facultan al gobierno capitalino para determinar el proyecto.
“Existen suficientes elementos para afirmar que los poderes públicos de la Ciudad de México (su gobierno y su Asamblea Legislativa) cuentan con los fundamentos jurídicos suficientes para conducir un proceso de planeación que permita a la comunidad política de la entidad definir el modo en que el área de objeto de este estudio se incorporará a los procesos urbanos de la misma”, se destaca.
El proyecto legal —elaborado en su parte jurídica por Antonio Azuela (constitucionalista de la UNAM)— explica que cuando deje de operar el AICM, el terreno se convertirá en “reserva territorial” de la ciudad.
Figura que, de acuerdo con la Ley General de Asentamientos Humanos, responde a “las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento”, aunque ello no cambia la titularidad del bien, es decir, el predio será propiedad del gobierno federal. Al formar parte de la reserva territorial de la ciudad, el proyecto deberá sujetarse a los planes y programas que deriven de la Ley de Desarrollo Urbano local.
“A menos que el proyecto consistiera en crear un área de conservación ecológica (lo que parece improbable por tratarse de un área altamente impactada desde el punto de vista ambiental), es ineludible que el área se convierta en parte de la reserva de crecimiento de la Ciudad de México.
“Lo anterior no significa, en modo alguno, que en ella tengan que desarrollarse altas densidades o que no puedan existir espacios abiertos. Estos últimos son un aspecto fundamental para lograr la sustentabilidad del proyecto”, se aclara.
El texto explica que antes de concretarse algún proyecto, los terrenos del aeropuerto deberán pasar del régimen de dominio público al de desarrollo urbano, proceso en medio del cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) deberá declarar el cierre total de la terminal área.
El predio que ocupa el AICM, hoy forma parte del dominio público. El artículo 96 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (aún vigente) establece que cuando estos bienes se destinen al uso común “deberán acatar, en lo conducente, las disposiciones que en las materias de desarrollo urbano y protección civil del Distrito Federal contengan las leyes que expida la Asamblea Legislativa”.
Riesgos del Constituyente. Antonio Azuela enfatiza que al aprobarse la Constitución de la Ciudad de México, ésta podría cambiar el régimen de competencias, “lo cual tendría consecuencias directas sobre la situación jurídica del área del AICM cuando deje de operar. El reto será, entonces, establecer en la Carta Magna capitalina las competencias necesarias del gobierno para que juegue un papel determinante en su planeación”.
La Primera Entrega para la Opinión de la Ciudad forma parte del proyecto que elabora la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y para lo cual se han realizado foros con expertos y asambleas vecinales.
La propuesta del gobierno capitalino se basará en cuatro principios: Equidad y cohesión social, transparencia y participación, sustentabilidad ambiental y oportunidades de empleo y desarrollo económico.
