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Ante las críticas al nuevo Reglamento de Tránsito, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), Hiram Almeida, asegura que muchos de los cuestionamientos los han hecho personajes de la vida política que con algún interés particular o por desconocimiento del mismo han tergiversado su objetivo primordial, que es el de preservar vidas y armonizar la convivencia en la ciudad de México, donde diario circulan 5.5 millones de autos.
En su plática con EL UNIVERSAL se guarda los nombres de quienes han hablado públicamente, aunque precisa “que hay fuerzas políticas que pretenden utilizarlo con otros fines”.
En su oficina en el piso 13 de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, desde donde se observa una gran parte de la ciudad, el jefe de la policía reconoce las molestias que ha generado en la ciudadanía, mismas que califica como naturales y dentro de un proceso de adaptación, pero al mismo tiempo defiende este nuevo ordenamiento al considerar que cumple con las necesidades en materia de movilidad de la ciudad.
Tajante, Almeida asegura que no se dará marcha atrás al contrato con Autotraffic, que jurídicamente es válido y cumplió con todos los requisitos de una licitación a nivel nacional, en el que participaron nueve empresas y algunas de ellas filtraron información a los medios de comunicación en contra de la ganadora.
¿Cuál es la percepción que se tiene en la SSPDF sobre las críticas que se han hecho al reglamento?
—Lo que tenemos es una percepción natural con relación a la sociedad, que muestra algunos temas de desconocimiento del reglamento, algún temor sobre las infracciones que se ha incrementado el monto de las multas, pero muchos de ellos, en la línea de lo que hemos visto socialmente, están en la idea de aceptar la norma.
Sin embargo, también existen otras vertientes, otros matices políticos, donde ya algunos actores políticos y diversos personajes han hablado con relación al reglamento, cuando existe algún posicionamiento…. el otro día algún actor mencionaba que no le gustaba el reglamento o que estaba en contra de él, pero ya hablando con él me decía: “Es que me dicen que en cierto tramo de Insurgentes la velocidad es muy poca para circular por esa zona”. Le dije, ¿tú crees que por ese elemento el reglamento es una herramienta jurídica mal acabada? Después de un diálogo la gente le da una lógica y un entendimiento diferentes.
¿El cuestionamiento que han hecho diferentes actores es más político que un asunto legal?
—Sí, porque la sociedad por sí sola tiene una incertidumbre ante lo que se desconoce, pero una vez conociendo la norma lo más importante es no caer en conductas infractoras, ese es el eje. No puede haber punto de crítica si es sobre la imposición de una sanción o de un monto, no; lo importante es la descripción de la conducta para que la norma no se infrinja. En un ejercicio natural la sociedad reconoce que el Reglamento de Tránsito abona a preservar y a disminuir accidentes, a armonizar.
¿Hay actores políticos que buscan afectar al reglamento?
—Sí, hay diversas fuerzas políticas que intentan utilizar esto con otros fines, pero también hay distintas personas de la propia sociedad que no conocen el contenido del mismo y por eso también es importante informarse, pero lo que es muy importante es no generar incertidumbre ante nuestra sociedad.
¿La gente se queja de que aparecen de la nada multas o están en incredulidad sobre su veracidad?
—Es parte del desconocimiento, existe un procedimiento muy claro, muy legal. Primero hubo una licitación abierta para designar a las empresas que van a brindar este servicio subrogado y las empresas a las que se les otorgó esta adjudicación hacen una inversión inicial, original.
¿De cuánto fue?
—Es un costo que ellos asumieron, nosotros como gobierno no pusimos un solo peso, ellos compran todos los equipos, ellos tienen los recursos humanos para darle mantenimiento y operar estos equipos; pero pusimos una condicionante más, que fue que ellos notificaran las infracciones previa validación nuestra.
Ellos hacen el tema logístico, ante la detección [de una infracción] lo pasan a la Subsecretaría de Tránsito y ahí validamos las infracciones, las imágenes fotográficas, si los datos son ciertos y se certifica con la firma de un agente de Tránsito y hasta entonces se les entregan a ellos para que notifiquen.
¿Cuántas empresas participaron en esta licitación?
—Más de nueve empresas y dos empresas que fueron adjudicatarias, porque una es para fotomultas y la otra es la que ve los radares.
Autotraffic es la que más ha generado ruido, ¿de qué se encarga?
—De las fotomultas y la de los radares es Inteltraffic. Son dos empresas que vienen realizando esta actividad y legítimamente ganaron un proceso licitatorio público y nacional. Hubo también algunos recursos de inconformidad y existieron algunos conflictos entre las propias empresas, de unas a otras se hacía señalamientos, se lanzaron algunos periodicazos y eso generó un tema de encono entre ellos.
Lo que nos es muy claro es que es un proceso jurídico legal y que hoy estamos abriendo este tipo de contrato ante la transparencia, lo subiremos a nuestro portal lo fundamental.
¿Se quedan con 46% de la multa?
—Es cierto, bajo la base de que nosotros no tenemos una inversión original, en la proyección de ellos es sobre ese 46% hacer la recuperación de lo que están invirtiendo en salarios, en control de equipo, en mantenimiento y en gastos de notificación de envíos, en ese sentido ellos asumen los gastos y nosotros obtenemos un porcentaje importante de 54%, que es el que se va a destinar para la realización de recursos específicos, como obra o necesidades sociales para nuestra gente.
¿Cuántas multas se realizaron al día en promedio durante 2015?
—Tuvimos, por ejemplo, multas por Hand Held de 917 mil; 220 mil, por inmovilizadores, y con las fotomultas pensamos que llegaron 39 mil en 2015. Un porcentaje mucho menor a lo que se captura.
¿La recaudación de cuánto fue?
—Infracciones de Hand Held tenemos cerca de 357 millones de pesos; por radares, 116 millones de pesos, y está por desglosarse el tema de inmovilizadores. La fotomulta queda en un tema pendiente, porque sólo está siendo notificada y aún no tenemos recaudación.
¿Que mide la fotomulta?
—La fotomulta nos puede medir si alguien está hablando por teléfono o lo utiliza y conduce, nos puede dar la invasión de carriles confinados, nos puede decir si el vehículo está estacionado en algunas zonas señalizadas como paso de peatones, también nos puede decir si se utiliza el cinturón de seguridad o si hay otro elemento distractor.
Ante los cuestionamientos sobre estas empresas, ¿darán marcha atrás en los contratos?
—No, para nada. Sería un tema irregular dar marcha atrás en algo que ha sido otorgado legítimamente. Hoy lo que existen son comentarios en donde no hay muchos fundamentos; por ejemplo, hay quien quiere subir una versión de que sí hay una cuota mínima para infraccionar y no es cierto, hay un techo presupuestal para pagar anualmente, es un contrato que se realiza a tres años y no hay cuota mínima específica de infracciones diarias. Se abona mucho al desconocimiento, se critica en muchos de los casos, pero es una herramienta jurídicamente clara, las condiciones de un contrato subrogado obedecen a no generar una inversión inicial y recabar recursos y tener ya el servicio iniciado, sin que nosotros hayamos hecho alguna inversión.
¿El Reglamento de Tránsito tendrá modificaciones por los cuestionamientos que se han hecho?
—El derecho es dinámico y te decía que tiene un antecedente, es un cuerpo normativo que emanó del Poder Legislativo, que se hizo un estudio con diversos sectores sociales, fue emitido y nosotros estamos haciendo la aplicación. No creo que vaya a haber modificación al mismo de momento.
