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metropoli@eluniversal.com.mx
El deslave de un talud en Santa Fe dejó en evidencia una cadena de omisiones por parte de autoridades de la delegación Cuajimalpa que ponen en riesgo la seguridad de cientos de personas y abren la posibilidad de daños en edificios del complejo residencial Vista del Campo; mientras los gobiernos del Distrito Federal y delegacional continúan las investigaciones sobre los posibles responsables.
Fueron las administraciones de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y de Acción Nacional (PAN) las que dieron luz verde, en distintos momentos, a la construcción del complejo habitacional, así como a la instalación de antenas de telecomunicaciones, que de acuerdo con un estudio preliminar de Protección Civil de la demarcación, estas últimas son causantes del desgajamiento.
Las dos antenas, de las que las autoridades capitalinas refirieron en diversas ocasiones que no cuentan con los permisos correspondientes, se instalaron en los años 1996 y 2000.
La empresa de American Tower mencionó que adquirió uno de los aparatos en 2002 y contaba con todos los permisos; sin embargo, ayer la delegación informó que no tienen información al respecto.
La otra torre es propiedad de la empresa Nextel y los permisos para su construcción los otorgó la entonces delegada Jenny Saltiel Cohen, el 5 de septiembre de 2000. Ella dejó la administración el 30 de septiembre del mismo año. Saltiel, quien contendió por Morena en el último proceso electoral por la delegación Cuajimalpa, se deslindó de cualquier supuesta ilegalidad y pidió a todos los ex funcionarios asumir la responsabilidad que les corresponde.
“Debemos dar la cara porque alguna vez cobramos nuestro salario de la gente, no se vale que no demos la cara ni politizar el asunto”, precisó.
En torno a la propiedad del predio donde se instalaron las antenas, el pasado 6 de noviembre el gobierno capitalino confirmó que Arturo Rosette ganó un juicio de amparo en 2013 contra su expropiación. Sobre la vivienda que ahí se encuentra, en la delegación Cuajimalpa no existen permisos que avalaran su construcción, según lo refirió Miguel Ángel Salazar, actual jefe delegacional.
El 1 de octubre del año 2000, Francisco de Souza ganó las elecciones con la alianza PAN-PVEM y fue quien emitió el primer permiso para el complejo residencial Vista del Campo. Jorge Borbolla era su director general de Obras y Desarrollo Urbano, área encargada de revisar la documentación y que se cumplieran todos los requisitos.
Tres años más tarde, en 2003, el perredista Ignacio Ruiz asumió el control de la delegación y otorgó la manifestación para la construcción de tres edificios más de este complejo residencial.
Vecinos comentaron que fue en 2010 cuando este desarrollo habitacional comenzó a ser habitado; sin embargo, fue hasta el 9 de febrero de 2012 cuando el entonces jefe delegacional, Carlos Orvañanos, panista, entregó a la desarrolladora el aviso de terminación y ocupación de los edificios.
Este aviso lo signó el entonces director general de Obras, Rafael Figueroa, a pesar de que en ese momento aún no se reforzaba el talud que hoy generó serios problemas de seguridad y protección civil en la zona.
El comité de vigilancia del condominio Vista del Campo informó que desde 2007 solicitó al gobierno capitalino reforzar el talud y retirar las antenas, petición que reiteraron en 2014, sin tener respuesta.
“Ahora sabemos que había orden de la autoridad en la ciudad de México para que, desde 2007, Altavista 111 reforzara su parte del talud y retirarse las antenas de telecomunicaciones, orden que se le volvió a dar en 2014 haciendo caso omiso”, advirtió la representación del conjunto residencial.