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El pasado 21 de agosto, un empresario argentino vivió lo que calificó como “el peor día de su vida en el Distrito Federal”, donde fue vejado y robado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y de la Procuraduría General de Justicia (PGJDF). El caso sucedió dentro del mismo búnker de la dependencia investigadora, donde desaparecieron más de 700 mil pesos en efectivo.
Lo anterior quedó asentado en el expediente ACI/T2/00106/15-08. El afectado es Darío Javier Alvaredo, representante legal de la empresa alemana DRS Dellen Reparatur Service, dedicada a la reparación de automóviles dañados por eventos meteorológicos.
El día de los hechos, Darío Javier acudió a diversas casas de cambio para hacer la conversión de varios miles de Euros a pesos mexicanos, porque necesitaba hacer diversas transacciones con otras empresas.
Tres de sus empleados de confianza acudieron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a hacer el cambio de divisas y quedaron en reunirse en ese punto. Al llegar al lugar, Alvaredo escuchó un disparo y vio a gente alarmada que corría, en ese momento su chofer lo ubicó y se acercó informándole que habían tratado de asaltarlos y que le habían disparado en la mano a una de sus compañeras.
Policías adscritos a la SSPDF lo interrogaron; al revisar la maleta vieron el dinero que unas horas antes había cambiado de euros a pesos. Los policías lo detuvieron y lo subieron a una patrulla de la SSPDF; sin embargo, Darío Javier aseguró a EL UNIVERSAL que los oficiales, en lugar de presentarlo ante las autoridades, lo retuvieron en un callejón por dos horas.
Dentro de la patrulla, sin la presencia de algún abogado o autoridad, detalló que los policías capitalinos lo cuestionaron innumerables veces en relación a si el dinero procedía del narcotráfico, presionándolo para que una vez que llegara con la autoridad únicamente declarara que llevaba 300 mil pesos y que con eso saldría inmediatamente libre, ya que si no lo hacía, lo meterían a la cárcel; pero la víctima no se dejó intimidar y exigió a los policías de la SSPDF que lo llevaran con todo el efectivo ante el Ministerio Público.
Después de esto, los agentes de la SSPDF, entre ellos Alberto Isaac Torres Ramírez con número de placa 754144, continuaron paseando a la víctima y según lo asentado en el expediente, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, hacían planes sobre cómo gastarían el efectivo. Luego de un rato, los policías llevaron al señor Alvaredo al búnker de la Fiscalía Central de la Procuraduría capitalina, y fue ingresado por los probables delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y cohecho, iniciándose la averiguación previa.
En el documento se destaca que al ingresar, el afectado portaba en su maleta un millón 974 mil 375 pesos, misma que le fue retirada y consignada para tomar su declaración; casi media hora más tarde, con el argumento de que iban a tomar “fotografías a la evidencia”, los agentes retiraron la maleta.
En el expediente quedó asentado que uno de los elementos de la policía capitalina observó cuando una empleada de la procuraduría local, quien se identificó como María Pineda Ríos, en supuesta complicidad con la Ministerio Público Teresa Fraga, guardó dos fajos de billetes en su ropa interior.
Por esta situación acudieron otros agentes ministeriales a tratar de esclarecer el alboroto, pero al momento de hacerle la revisión a la mujer, entre sus pantaletas encontraron 77 mil pesos.
En su defensa, la mujer argumentó que sólo siguió instrucciones de la MP Teresa Fraga González. Más tarde, al momento de hacer las cuentas finales, el afectado denunció que del dinero que llevaba, no sólo faltan los 77 mil pesos, sino 753 mil 75 pesos.
Ahora la defensa del empresario argentino exige a las autoridades que aparezca el dinero completo, pues explica que en realidad no se lo robaron a él, sino que los propios agentes ministeriales se lo hurtaron a la PGJDF.
La Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos inició la carpeta de investigación número CI-FSP/B/UI-B-2C/D/00287/08-20015 en la que la defensa ha encontrado varias “irregularidades”, una de ellas es que las videocámaras dejaron de funcionar justo en las horas en las que desapareció el dinero, además de que las dos funcionarias María Pineda Ríos y la MP Teresa Fraga González, continúan en funciones. El proceso prosigue para esclarecer en dónde quedaron los 753 mil 75 pesos e identificar a los responsables del hurto.
jram
