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Dos de las leyes relacionadas con los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes aprobadas el pasado jueves 9 de julio por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentan lagunas legales y violentan tratados internacionales que el Estado mexicano está obligado a cumplir.
El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Orlando Anaya, argumentó que en el caso de la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en el artículo 44 se fomenta la desaparición de la figura de patria potestad para garantizar la autonomía y emancipación de la niñez y la adolescencia.
“En esta ley están desapareciendo esa figura, es decir, los niños de manera independiente van a decidir cómo quieren vivir, qué quieren hacer, pero ¿quién va a garantizar la seguridad de estos menores? ¿El Estado, la ciudad, la Procuraduría, el DIF, los padres? Esa figura al desaparecerla deja en un estado de vulnerabilidad para el abuso sexual, la prostitución y la trata de personas”, argumentó el asambleísta blanquiazul.
Aunque el dictamen no fue consultado en la Comisión de Grupos Vulnerables, en aquella ocasión la mayoría perredista decidió aprobarlo por instrucciones de la Comisión de Gobierno.
Denuncian fraude legislativo. Anaya González acusó a los legisladores de cometer un fraude legislativo para aprobar leyes “al vapor”.
Con la aprobación de estas leyes, que entrarían en funciones una vez publicadas en la Gaceta Oficial del DF, los menores de edad tendrán la atribución de tomar decisiones para demandar o hacer valer situaciones que les afecten o favorezcan.
Incluso se establece que los menores de edad tendrán derecho a decidir si viven o no con sus familiares cuando éstos se encuentren privados de su libertad.
“Hay un ejemplo muy claro para entender esta ley: si un menor de edad, requiere un tratamiento médico invasivo, ¿quién se hace responsable de que ese tratamiento sea el idóneo para su salud o para su bienestar? El niño va a decidir por su salud si tiene cáncer, VIH, o cualquier situación grave”.
Ley, “con defectos”. En el caso de la iniciativa del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de la Ley de las y los Jóvenes del DF, precisó que se encuentra dotada de defectos que se traducen en tecnicismos que pueden dar paso a conflictos de interpretación.
Puso como ejemplo que en la Ley “no se conceptualiza de manera adecuada la edad de la persona joven”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Dinorah Pizano, defendió la ley y se congratuló que en ella se señala que las personas jóvenes tienen derecho a disfrutar del ejercicio pleno de su sexualidad y a decidir de manera consciente e informada sobre su cuerpo, incluyendo el acceso a la interrupción legal del embarazo, así su orientación y preferencia sexual.
Argumentó que el GDF orientará a que las personas jóvenes cuenten con servicios médicos, jurídicos e informativos, que les permitan construir la identidad sexo-genérica que deseen, ajustándose al Código Civil local vigente.
