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Se analiza en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México una solicitud para promover juicio político al jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, por un laudo laboral, así como el desafuero del diputado de Morena, Felipe Félix de la Cruz, por intimidación y amenazas en contra del perredista Iván Texta.
Las peticiones llegaron a la Comisión Especial Jurisdiccional del órgano legislativo local para ser analizadas ayer pero ante la falta de quórum durante la sesión de trabajo fueron pospuestas hasta nuevo aviso.
El presidente de la Comisión Especial Jurisdiccional, Armando López Velarde Campa, aseguró que si el delegado en Cuauhtémoc acata la resolución del pago por 405 mil 686 pesos a favor del trabajador Ricardo Franco Gómez, por concepto de diferencias salarias de 2006 a 2009, el tema estará fuera de la Asamblea.
El asambleísta dio a conocer que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje promovió un juicio laboral en contra del delegado en Cuauhtémoc por el laudo a favor del ex trabajador Ricardo Franco Gómez, de una administración pasada.
“Nos ha comentado el delegado (Ricardo Monreal) que por parte de la autoridad no hay inconveniente en pagar ese laudo que ganó el trabajador y hecho el compromiso resultaría improcedente el juicio político”, señaló.
Respecto al desafuero en contra del diputado morenista Felipe Félix de la Cruz, aseguró que la decisión la tendrán todos los integrantes de la Comisión, aunque también la consideró improcedente porque sería como ir en contra de la libertad de expresión.
La petición, según el propio diputado De la Cruz es resultado de una discusión en el Pleno de la Asamblea sobre un punto de acuerdo presentado por Iván Texta Solís, mediante el cual pretendía que se procediera a hacerle un arqueo a Benito Bahena y Lome, secretario de la Alianza de Tranviarios de México.
Texta dijo que Bahena había renunciado a la representación laboral, lo que es falso. Hasta la fecha, algunas oficinas de la Alianza se encuentran en poder de un grupo disidente auspiciado por Eduardo Venadero Medinilla, director general del Sistema de Transportes Eléctricos.
“En medio de gritos y denostaciones en mi contra de supuestos trabajadores del sistema de Transportes Eléctricos, Texta llegó a las diatribas. Le respondí que nuestra intención era que el problema se ajustara a derecho. Texta se irritó Texta y me amenazó con presentar una denuncia penal en mi contra. Pero aún no he sido emplazado para comparecer ante autoridad alguna. No puede haber integración de la causa sin cumplirse la garantía de audiencia”, dijo De la Cruz.
En ese sentido, López Velarde recordó que el fuero no se instituyó para que el legislador cometa actos que vayan en contra de la ley, sino para protegerlo de cualquier acto de autoridad, cuando ésta se siente agraviada por los dichos del legislador. “Actuar en sentido contrario abriría una puerta al autoritarismo. Fueron dichos y expresiones manifestadas en la tribuna y no podría ser sancionado por sus declaraciones”.
afcl
