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El campus de la UNAM es un mercado muy propicio para el narcomenudeo. Cientos de miles de personas reunidas en un solo lugar —la gran mayoría, jóvenes— representan un bocatto di cardinale para los narcotraficantes que hoy parecen disputarse el control de ese pequeño territorio. Así lo revela el patrón de violencia que se ha desatado en las últimas semanas dentro de CU y que está amenazando la seguridad de esa comunidad.
Hemos acumulado experiencias amargas suficientes para saber que esas disputas entre bandas criminales pueden acabar devastando territorios completos y sometiendo a la sociedad que vive en ellos al dominio de los más violentos. Con el agravante de que, en este caso, estamos hablando de la máxima casa de estudios del país —y de la mejor de América Latina, según el índice anual del Quacquerelli Symonds, que pone a 12 de sus departamentos entre los 50 mejores del planeta—. Un territorio sagrado para México, cuya protección amerita mucho más que las medidas habituales de las autoridades omisas.
En los últimos días he escuchado varias versiones para hacer frente a esa amenaza. En los extremos: quienes defienden la autonomía a toda costa como un asunto de principios y consideran que todas las soluciones a los problemas de la casa deben provenir de adentro; y en el lado opuesto, quienes sugieren que la UNAM cierre todas sus actividades hasta que el Estado brinde garantías plenas de seguridad al conjunto de sus campus. Ambos tienen posiciones sólidas, pero mientras se dirimen, el hecho puro y duro es que los narcotraficantes siguen avanzando.
Por mi parte, creo que este problema debe cobrar la más alta prioridad para el país. No es un asunto local, sino nacional. Si no somos capaces de resolverlo pronto y colectivamente, no solo habríamos sucumbido una vez más al poder de fuego de los criminales, sino que habríamos contribuido a ofrecer nuevos argumentos para quienes se han propuesto minar el prestigio de las universidades públicas, dando un paso más para consolidar el sistema de castas que ya está ahogando a México.
A todas luces, la UNAM carece de los medios suficientes para enfrentar a los matones por sí misma. Sería tan injusto como absurdo pedirle al Rector Graue que, en nombre de la autonomía, actúe solo para someter a los cárteles que quieren dominar ese mercado. En cambio, estoy seguro de que el Rector puede y debe convocar a la comunidad universitaria para proponer un plan de acción que, de inmediato, ponga las ideas en orden y ofrezca tanta seguridad a alumnos, profesores, investigadores y administrativos, como responsabilidades indiscutibles a las autoridades federales y locales que deben salvaguardarla. Ante la crisis que ya está en puerta, se ha abierto también la oportunidad de diseñar una respuesta única, universitaria en serio, digna de nuestra máxima casa de estudios. Esto no se resolverá con discursos manidos ni rutinas, sino con el talento y el pundonor propios de la UNAM.
No tengo ninguna duda de que el Rector contaría con el respaldo de la gran mayoría de la comunidad para exigirle al Estado mexicano que afronte sus responsabilidades ante el ataque de los cárteles del narcotráfico, ni tampoco para echar a andar una estrategia de seguridad que contaría con el aval de muchos. Hacerlo así permitiría, además, poner en movimiento el talento y la solidaridad de los universitarios que ni somos unos cuantos, ni estamos atados de manos.
Salvar a la UNAM de la amenaza de los más violentos ha de sacarnos a la calle, con plena conciencia de lo que se está jugando. Tanto los narcos como el Estado mexicano han de saber que la comunidad universitaria no se quedará cruzada de brazos, esperando alguna respuesta tibia de las autoridades, mientras los jóvenes cruzan con miedo por el trayecto que, en lugar de llevarlos a la vida, podría conducirlos a la muerte.
Investigador del CIDE
