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En un solo oficio, fechado el 15 de febrero (ALDF/VIIL/CG/0355/2018), el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF —haciendo uso de las facultades que le otorga el Artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos 2018 de la CDMX— autorizó la cantidad de 7 mil 754 millones de pesos a diez dependencias del gobierno de la ciudad, al margen de cualquier intervención de la Comisión de Reconstrucción dirigida por Ricardo Becerra, del programa ya publicado o de la secuencia de acciones ya discutidas por sus integrantes.
El oficio que tuve en mis manos autoriza el gasto de 43 partidas, de las que solamente 4 parecen tener algún desglose. El resto incluye cantidades que generan la impresión de haber sido calculadas sin sustento en proyectos ejecutivos. Se trata, literalmente, de un reparto de recursos públicos que no corresponde con un esfuerzo previo de planeación sobre las tareas a seguir para atender las necesidades que han ido brotando tras la evaluación de los daños causados por el terremoto del 19 de septiembre, ni con la participación orquestada entre los afectados y las autoridades. En ese oficio se autorizan 39 cifras redondas, que hacen suponer que los proyectos (o las ocurrencias) vendrán después, sin referencia alguna a la ejecución de los programas ya definidos por la comisión creada por Miguel Ángel Mancera.
Pongo ejemplos: una sola partida de 960 millones de pesos para la Secretaría de Obras Públicas, 500 millones para la Secretaría de Desarrollo Social, 700 millones para la Agencia de Gestión Urbana, 120 millones para la Secretaría del Medio Ambiente, etcétera. ¿Cuál es el sustento de esos gastos autorizados? ¿A qué proyectos se refieren? ¿Cómo se vinculan con el Programa de Reconstrucción? ¿Qué compromisos asumen? ¿Cómo habrán de beneficiar a las miles de personas que resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre?
Semanas antes, quienes integrábamos la Comisión de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX, solicitamos que se aclarara el alcance y el sentido de las facultades que se habían arrogado los diputados en el decreto de presupuesto. La respuesta llegó hasta el 13 de febrero, y en ella el diputado presidente de la Comisión de Gobierno explicaba, en efecto, que el contenido de ese decreto le otorga a la Asamblea la facultad de “decidir el uso y destino de los recursos públicos con que cuenta la ciudad, incluidos los recursos destinados para la reconstrucción, así como todos aquellos que dependen de una realización futura e incierta”. El texto añadía: “Todo esto, en conjunto, quiere decir que la naturaleza jurídica de la Asamblea no sólo consiste en decidir el destino de los recursos, sino vigilar que se utilicen para los fines que la propia Ley señala”.
A todas luces, el proceso de reconstrucción de la CDMX ha quedado en manos de tres diputados. Son ellos quienes han tomado el control a través de las normas que aprobó la ALDF, que siguen vigentes. Y son ellos, como dicen sus propias palabras, quienes deben asumir toda la responsabilidad y dar cuenta exacta del origen, uso y destino de todos los dineros destinados a ese proceso.
En esas condiciones, era imposible seguir formando parte de la Comisión a la que me invitó el gobierno de la ciudad. Pero no renuncio a mi derecho a exigir, como todos los ciudadanos, el respeto a la Constitución, a la más absoluta transparencia y a la buena administración de esos miles de millones de pesos que los diputados ya repartieron a su leal saber y entender y de cuyo uso no sabemos todavía nada. Tampoco renuncio a mi derecho a la protesta y la indignación por la degradación de un proceso que venía bien y que hoy, por razones políticas, se ha convertido en un caos.
***En la foto: Investigador del CIDE
