Más Información
El caso del joven Marco Antonio pone de relieve, una vez más, la relación de tres categorías que aún no encuentran armonía en la Ciudad de México: policía, juventudes y derechos humanos. Una política pública centrada en la promoción de las garantías de ese segmento debería ser multifactorial e incluir desde programas de gobierno de orden cultural, artístico y deportivo, vinculados con el uso del espacio público, hasta la dimensión de salud asociada con la prevención del consumo de alcohol y drogas.
Sin embargo, mientras que políticas de este corte no han sido plenamente adoptados, seguimos teniendo episodios que dan cuenta de que en la relación que la Ciudad de México establece con los jóvenes priva una lógica punitiva en la que la sanción y el uso de la fuerza son los ejes, sobre todo en las zonas de mayor marginación.
El caso del New’s Divine alertó sobre la persistencia de esta lógica, pero después hemos advertido hechos similares. Recordamos, por ejemplo, a los jóvenes que hace una década comenzaron a reivindicarse como emos, o los reggaetoneros: cuando se reunían en espacios públicos recibían con frecuencia una respuesta policial que incluía persecuciones, redadas y detenciones colectivas.
Lo mismo ocurrió frente a las llamadas “fiestas clandestinas” que, sin permiso administrativo alguno, se organizaban en bodegones o baldíos, donde concurrían menores de edad que ahí accedían a alcohol y drogas. En estos casos, en vez de que la intervención del derecho penal se dirigiera contra los organizadores que podrían incurrir incluso en delitos como corrupción de menores, se documentó que la sanción se dirigía contra jóvenes que buscaban divertirse. Se denunciaron entonces razzias y arrestos colectivos (recomendación 20/2012 CDHDF). Como ejemplo de esta lógica, mención particular merece el tema de la libertad de expresión, protesta y manifestación que también ha vinculado ampliamente a las juventudes con la policía. No podemos olvidar los penosos hechos del 1DMX, el 1 de diciembre de 2012, en donde más de 120 jóvenes fueron detenidos arbitrariamente, algunos torturados y otros sometidos a acusaciones fabricadas (recomendación 7/2013 CDHDF). Hechos que por cierto se repitieron en otras manifestaciones como la del 2 de octubre de 2013 o en las del 7 y 20 de noviembre de 2014.
Otro episodio oprobioso es, sin duda, el caso Heaven. Poco ha trascendido que existen dos policías sentenciados por la desaparición de 13 jóvenes en estos hechos (recomendación 19/2013 CDHDF).
La lógica punitiva contra las juventudes de la Ciudad de México presenta impactos diferenciados en razón del género. Hace algunos años se documentó el caso de una joven en situación de calle que, tras ser detenida, fue víctima de abuso sexual en una patrulla (recomendación 4/2013 CDHDF).
La historia de Marco Antonio y estos episodios, a los que podrían sumarse muchos otros, dan cuenta de problemas estructurales no atendidos. Después de la tragedia del New’s Divine, en 2008, se efectuó un novedoso ejercicio participativo encabezado por la Comisión de Derechos Humanos capitalina que se tituló “La Policía que Queremos”. Ahí se intentó empezar a disminuir la brecha que separa a la policía de la sociedad, con especial énfasis en la situación de las juventudes.
Desde ese entonces era claro que se debía generar un proceso de reforma democrática de la policía; poco o nada se ha avanzado en este camino. La ruta a seguir pasa por medidas concretas. Por ejemplo, tanto en la capital como a nivel nacional necesitamos un verdadero mecanismo de control y registro de detenciones, lo que fue solicitado en 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Campesinos Ecologistas y replicado en la Ciudad de México en varias de las recomendaciones mencionadas. Medidas como éstas, así como mayores mecanismos de control y supervisión internos y externos hacia la función policial, evitarán que se sigan dando excesos que van desde la detención arbitraria hasta la consumación de otras graves violaciones a los derechos humanos.
Si los anteriores gobiernos se hubiesen tomado con seriedad la implementación de esas medidas de no repetición, no estaríamos ante nuevas tragedias ni ante nuevos casos emblemáticos. Además de fortalecer a las policías reformándolas democráticamente, es necesario un cambio radical en la política pública hacia las juventudes. La lógica punitiva sólo traerá más criminalización y abuso policial.
Justo por no resolver en sentido democrático la relación entre juventudes, policía y derechos humanos, el Estado mexicano fue sentado una vez más ante el banquillo de los acusados en una Corte Internacional este año. Las 11 mujeres de Atenco que fueron víctimas de tortura sexual en el contexto de un operativo policial en 2006 esperan sentencia de la CoIDH. De ahí saldrá, sin duda, una hoja de ruta sobre medidas a implementar para que estos hechos no se repitan. Esas medidas, de ser acatadas, pueden contribuir también a que jóvenes como Marco Antonio no sigan siendo detenidos arbitrariamente de forma generalizada, como hoy ocurre en la Ciudad de México. La capital sigue en deuda con sus jóvenes, especialmente con los más marginados; sería deseable que la coyuntura electoral que viene abra un debate profundo sobre este rezago.
Director del Centro Prodh
