En 2006, el gobierno de la República no sólo tomó la decisión de confrontar al crimen organizado; igual, o más importante, fue la determinación de construir una Policía Federal (PF) que le brindara al Estado mexicano capacidades permanentes para combatir a las expresiones criminales más violentas. Ello tendría tres ventajas evidentes: retiraría gradualmente la presión sobre las Fuerzas Armadas para fungir como policías; definiría una perspectiva civil, como corresponde a una función de seguridad pública; y serviría de ejemplo para el desarrollo de capacidades análogas en los cuerpos de policía locales.
El proceso de construcción de una PF eficaz y profesional incluyó el diseño de un marco normativo al modificar el Art. 21 constitucional y promulgar la Ley de la Policía Federal y su reglamento. Además, se aprobó el Sistema Integral de Desarrollo Policial, que constituye el fundamento del nuevo modelo policial a lo largo de cinco ejes: carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario, certificación (individual y por corporación) y seguridad social.
A pesar de errores e insuficiencias, la PF se fortaleció. De hecho, su presupuesto se triplicó y su estado de fuerza se quintuplicó. No cabe duda que los años del presidente Calderón estuvieron marcados por incrementos muy significativos en los niveles de violencia, pero tampoco cabe duda que la tendencia al alza se detuvo y se revirtió a partir de 2013. Es decir, el presente gobierno heredó índices delictivos a la baja y tuvo la oportunidad de continuar con el proyecto de crecimiento y desarrollo de la PF el cual, por cierto, no debería tener una marca política ni partidista, pues se trata de un proyecto de Estado. No fue así. Hoy nos encontramos en una situación peor que la del sexenio anterior: los índices de violencia rompen récord, al tiempo que las policías locales presentan un estado lamentable y la PF ha enfrentado años muy adversos. Sobre este último punto, cabe recordar que:
1) La corporación ha sufrido una merma presupuestal significativa. En 2013, los recursos de la institución disminuyeron casi 11% respecto al año anterior, y actualmente apenas se ha recuperado el nivel presupuestal que alcanzó en 2012.
2) En esas condiciones ha sido imposible que la PF crezca. Incluso con la creación de la Gendarmería, cuya misión todavía no nos acaban de explicar, el número total de elementos es prácticamente el mismo que hace cinco años. Y no sólo se trata de crecimiento; también se interrumpieron los procesos de equipamiento e infraestructura que la corporación requería para poder cumplir con su responsabilidad.
3) La PF atravesaba por una evolución cualitativa, basando su operación en el desarrollo de inteligencia policial. Como parte de ese diseño se creó Plataforma México, un sistema de interconexión y acopio de información a nivel nacional, el cual, como ya he mencionado en otras colaboraciones, se encuentra en un lastimoso abandono. Tan es así que ahora el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública manifiesta que el Informe Policial Homologado, insumo base de Plataforma México, es poco útil. Es lamentable que se presenten estos pretextos a un año de concluir el sexenio.
4) Es ya conocida también la manera en que fueron desplazados innumerables elementos de la PF con experiencia de años en labores policiales y cómo fueron incorporadas personas cuyo único mérito ha sido su cercanía al grupo en el poder.
Ahora, después de abandonar a la PF, y en medio de la peor crisis de inseguridad en décadas, el gobierno federal echa la culpa a los gobernadores y le endilga el problema a las Fuerzas Armadas. Así de irresponsables. (*Con la colaboración de René Rejón Piña, investigador de Causa en Común).
Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera
