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Después de la reunión del martes pasado entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, queda claro que la transición va a iniciar formalmente más temprano que lo usual.
Aunque el tiempo parece largo entre el día de la elección —primero de julio— y el de toma de posesión —primero de diciembre—, son tantos los temas que hay que revisar que apenas estos meses serán suficientes para ponerse al tanto del estado de las cosas y, en su caso, reordenar la administración pública de acuerdo con la perspectiva del nuevo gobierno.
Se podría pensar que los cambios de un sexenio a otro sólo son diferentes cuando hay alternancia, pero aún en la continuidad de los gobiernos del PRI, se hacían trabajos para la transición. Algunos de gran calado como el cambio de Echeverría a López Portillo cuando se preparó el nuevo esquema de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La transición de De la Madrid a Salinas también comenzó anticipadamente con cambios a la Ley Orgánica. Curiosamente, Salinas suprimió la Secretaría de Programación y Presupuesto de la que él había sido titular, para volver a ubicar sus funciones en la Secretaría de Hacienda. También creó la Secretaría de Desarrollo Social. En el 88, el PRI contaba en la Cámara de Diputados con 52% de los diputados y tenía casi la totalidad de Senadores: 94%.
En el período final de Ernesto Zedillo, se comenzaron a preparar las reformas a la administración propuestas por Vicente Fox. El PAN tenía en 2000 el 41% de los diputados y el PRI tenía 42%. En el Senado, 36% era del PAN y 47% del PRI. Eso hizo que la iniciativa sólo fuera viable con modificaciones. Lo más relevante de ese momento fue el nacimiento de la Secretaría de Seguridad Pública. Enrique Peña Nieto revirtió la reforma y hoy López Obrador anuncia que regresará al esquema original, aunque no sabemos si con las mismas funciones.
La transición que se avecina traerá como los temas más relevantes seguridad, combate a la corrupción y combate a la pobreza. En materia de seguridad, una vez que se defina la nueva estrategia, vendrán los cambios legislativos que podrían comenzar por definir claramente los hoy difusos límites entre seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior, sin olvidar que en este tema hay una definición en proceso en la Suprema Corte. Por supuesto que se tendrá que revisar todo el sistema de reparación de daños y de atención a víctimas. Se tienen que ir cerrando las heridas existentes con el enorme reto de que no se sigan acumulando más daños.
En combate a la corrupción, desde la Ley Orgánica, tendrá que definirse el destino de la Secretaría de la Función Pública que permaneció como espectro administrativo después del intento de desaparecerla en la presente administración. Habrá de ver cómo se engarza con el Sistema Anticorrupción y si se harán ajustes para mayor eficacia y los resultados inmediatos que se esperan.
En el tema de combate a la pobreza se verá si serán suficientes nuevas políticas públicas o también ajustes normativos.
La diferencia de Andrés Manuel respecto de los presidentes posteriores a la hegemonía priísta es que, desde ahora, se sabe que tendrá una amplia mayoría en las dos cámaras, lo que hace altamente probable la aprobación del diseño que proponga.
La otra diferencia es que, desde que anunció en diciembre pasado la integración de su gabinete, la mayoría de los posibles integrantes ha estado trabajando ya los temas encomendados, a diferencia de Fox, que anunció a los head hunters después de su triunfo.
Este relevo trae un corredor ansioso por recibir la estafeta, misma que, curiosamente, deberá ser entregada anticipadamente por él el 1º de octubre del 2024, por la transición recortada que se pactó en 2014.
Directora de Derechos Humanos
de la SCJN. @leticia_bonifaz
