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Del 18 al 23 de marzo pasados se llevó a cabo en Brasilia el Foro Mundial del Agua. Desde 1997 se viene realizando cada tres años y el número de participantes ha ido en aumento, pasando de centenas a miles. En su primera edición, en Marruecos, hubo 400 participantes y, en esta ocasión, 40 mil personas participaron de las discusiones sobre políticas hídricas y la situación de desabastecimiento en distintos lugares del mundo. México fue sede de la cuarta edición del Foro en 2006. En esa ocasión, recibimos a 20 mil participantes de 140 países. El tema fue “acciones locales para el cambio global”.
En todos los encuentros ha quedado claro que los retos y desafíos en materia de gestión del agua no sólo deben asumirlos los científicos y los ambientalistas sino, sobre todo, los jefes de Estado y alcaldes de las principales ciudades del mundo por las políticas públicas a instrumentar.
En la inauguración, Benedito Braga, presidente del Consejo Mundial del Agua, señaló que no habrá soluciones viables sin voluntad política y cooperación entre los países. Así, precisó: “necesitamos de más voluntad política. Los gobiernos necesitan colocar al agua en el centro de sus estrategias de desarrollo”. Esto, por supuesto, va también dirigido a México.
En el Foro de Brasilia la participación de ONG fue del 51%; gobiernos 38% y empresas 11%. Los temas centrales fueron: seguridad hídrica y cambio climático; agua saneamiento y salud; agua para la producción sustentable; integración del agua urbana y manejo de residuos; calidad de agua, medios de vida del ecosistema y biodiversidad, así como financiamiento para seguridad hídrica.
Este Foro, a diferencia de los precedentes de Marruecos, La Haya, Kyoto, México, Estambul, Marsella y Dagaeu-Gyeongbuk, tuvo como novedad que también participaron jueces.
Además de la declaración de los titulares de los distintos ministerios del Agua que llevan la función ejecutiva y del Manifiesto Parlamentario, se reunieron varias decenas de jueces que están preocupados por el rol que el Poder Judicial está teniendo al dirimir controversias en las que está de por medio el agua y los ecosistemas. Cada vez más, los conflictos irán judicializándose y es necesario compartir experiencias al menos continentales.
Los jueces reconocen que “la inminente crisis del agua, acelerada por el impacto del cambio climático en el ciclo hidrológico y la disponibilidad de recursos hídricos para satisfacer las demandas de la sociedad y del medio ambiente, es también una crisis de gobernanza y justicia”.
La declaración de los jueces contiene 10 principios fundamentales entre los que se encuentran: considerar al agua como un bien público protegido por el Estado en beneficio de las generaciones presentes y futuras; respeto al derecho al agua de los pueblos indígenas; dar prioridad a la prevención de daños futuros frente a la reparación de daños causados; tomar en cuenta la mejor evidencia científica disponible; elegir la interpretación más protectora del líquido vital; visión integral, es decir: estar conscientes de la conexión esencial e inseparable que el agua tiene con el medio ambiente y los usos del suelo y evitar atender los casos en forma aislada. Por último, en la defensa del agua, se debe asegurar que las personas y los grupos tendrán acceso adecuado y asequible a la información en poder de las autoridades públicas para dar oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones, así como el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos para remediar y reparar.
La hora cero de la crisis del agua está cerca en varias ciudades del mundo. En el caso nuestro, no dejemos que el tema se pierda entre todos los que hoy se consideran prioritarios. Aguas con ignorarlo o postergarlo.
Directora de Derechos Humanos de la SCJN.
@leticia_bonifaz
