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A diferencia de muchos colegas que ven un peligro potencial en la aprobación de la ley de seguridad interior por que ésta podría entrañar una eventual militarización, yo veo otro ángulo. Coincidiría, en abstracto, en que no es apropiado ampliar espacios para que las fuerzas armadas tengan mayores ámbitos de actuación que aquellos que originalmente están previstos en la Constitución, pero no creo que sea el caso. Coincidiría todavía más si hubiésemos constatado un ánimo expansivo y desafiante del mando civil por parte del Ejército y la Armada, que requiriera una respuesta contundente en el ámbito político y legal. Pero, no veo ni ánimo expansivo ni una voluntad de avanzar sobre las esferas reservadas a los civiles. Es más, veo todo lo contrario.
En los últimos años las fuerzas armadas se ubican como las dependencias mejor calificadas. No es algo menor. En el día a día los ciudadanos, que ven su despliegue, detectan algunos problemas e incluso algunos abusos, pero son con mucha distancia las agencias gubernamentales mejor valoradas. La valoración positiva no es producto de una campaña mercadotécnica eficiente, ni de un engaño de sus comunicadores sociales, es un prestigio construido y acumulado por efecto de un trabajo cercano y constante allí en donde han sido desplegadas. Recientemente en la capital muchos jóvenes que con razón o sin ella desconfiaban de militares y marinos, pudieron comprobar la entrega de los uniformados que trabajaban en la reconstrucción. Muchos capitalinos también ponderaron el despliegue de marinos en la confección y aplicación del operativo que llevó a desmontar la organización criminal instalada en Tláhuac. Ninguno de los dos casos se percibió como una injerencia indebida, sino como una actitud de suplencia y cooperación. En la inmensa mayoría de los despliegues el Ejército y la Marina han sido bienvenidos por los gobiernos locales y (salvo en algunos municipios como fue el caso de Tierra Caliente en Michoacán donde, por cierto, el gobierno local estaba vinculado con el crimen organizado) el despliegue federal ha sido visto como un elemento que cambia la correlación de fuerzas en el terreno, lo que no pueden hacer las autoridades locales. No veo, pues, ese ánimo expansivo y golpista, por el contrario, veo que hay un ánimo de cooperación y colaboración que requiere, sin embargo, una saludable reglamentación.
No entiendo tampoco por qué, si está establecido en la fracción VI del 89 constitucional que el Presidente podrá disponer de las fuerzas armadas para atender asuntos de seguridad interior, su reglamentación, sea un mal augurio. Reglamentar la citada fracción del 89 es un avance, como también lo es el elaborar declaratorias con una temporalidad como si se tratara de operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, siempre que se haga con una supervisión apropiada.
Tampoco me resulta convincente que la seguridad interior deba ser definida de una manera explícita. Tiendo a pensar que las leyes no deben contemplar agendas específicas y precisiones innecesarias. Me inclino más bien por la idea de que no se puede predefinir qué asuntos son catalogables como alteraciones de la seguridad, porque en realidad todo tema puede convertirse en un asunto de seguridad interior (o nacional) en función de la intensidad que presente, y después dejar de serlo. Me explico, la seguridad pública no debería ser, en principio, tema de seguridad nacional. Pero lo es por la magnitud que hoy tiene y por rebasar las capacidades de las autoridades locales para atenderla. Lo mismo puede ocurrir con la salud pública, que es un tema atendido por las dependencias designadas hasta que un país padece una epidemia y entonces se convierte en un tema que requiere un tratamiento diferente. A la agenda de seguridad pueden subir y bajar todos los temas, todo depende de la intensidad con la que desafían a las instituciones establecidas para tal fin. Eso, a mi juicio, no puede estar predeterminado en una ley. Entiendo que con los niveles de desconfianza que tenemos todo mundo vea moros con tranchete, pero desde mi perspectiva reglamentar el despliegue de las fuerzas armadas es un paso en el sentido correcto.
Analista político.
@LeornardoCurzio
