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Yo tenía la sospecha de que la ausencia de un fiscal para delitos electorales podía romper con el principio de certeza que debe regir todo proceso electoral y, en consecuencia, se abría la posibilidad de impugnar por vicios de origen el proceso electoral en su conjunto. En otras palabras, que aprovechando el muy poco presentable procedimiento para retirar del cargo a Santiago Nieto y la imposibilidad de reponerlo por un proceso senatorial, algún candidato pudiese alegar que las instituciones no estaban apropiadamente integradas. Distinguidos juristas me han hecho ver que tal extremo es jurídicamente inviable porque se puede argumentar que aún sin titular los fiscales especializados prosiguieron su trabajo, pero políticamente puede tener consecuencias desastrosas para el proceso.
De los tres pilares que conforman el sistema electoral: el INE, el tribunal y la fiscalía no tenemos ninguno que esté sobrado de credibilidad. El Instituto está en un permanente perfil de desgaste por parte de los más disímbolos exponentes que lo reconvienen por acción u omisión. Nunca se pondera que arbitrar a un grupo de instituciones políticas (los partidos) que casi por norma violan leyes y reglamentos es una auténtica proeza. Tampoco se valora en un país en el cual las autoridades son administrativamente incapaces de resolver problemas complejos como el control de las prisiones o el emplacamiento de los vehículos, que el INE consiga proveernos de una credencial, actualice la geografía electoral y capacite a ciudadanos para organizar elecciones. Todo eso lo damos ya por supuesto, y por ello no mejora el crédito institucional del INE. Espero que no lo perdamos. El Tribunal ha tenido una serie de equívocos ante la opinión pública que le han quitado legitimidad. El primero de ellos muy poco explicable proceso de modificación de la temporalidad de los magistrados. El más grave, sin embargo, es su escaso sentido de oportunidad combinado con una creciente percepción de que decide siempre a favor del bloque priísta. Además, en muchos casos impide que el INE despliegue todo su potencial como recientemente ocurrió con el debate del piso parejo. No me extiendo, simplemente apunto que tampoco están como para que nos sintamos blindados ante una crisis electoral como la que puede ocurrir en el 18. Solamente imaginar que tengamos un proceso de incertidumbre (como el que ha ocurrido en Coahuila) le pone a uno los pelos de punta. O, peor aún, aterra imaginar que un candidato de oposición gane por un estrecho margen y el tribunal anule la elección por alguno de los supuestos constitucionales. Un tribunal tan cuestionado no podría transitar fácilmente por un sendero tan peligroso.
Pero, en el caso de la FEPADE, las cosas son más burdamente claras. Santiago Nieto pudo haber tenido un comportamiento errático (cosa frecuente en la PGR como acaba de demostrarse con las cajas de seguridad de Cancún y las filtraciones de fotografías a un periódico nacional sin que esto derivara en el cese fulminante del responsable de la operación), pero claramente era un fiscal con legitimidad senatorial. Y ahora no tenemos ni chicha ni limonada. No se ve cómo pueda cubrirse esa vacante con una persona suficientemente independiente y resolutiva como para subir la credibilidad de una fiscalía que tiene que enfrentar un contexto en el cual los delitos electorales son frecuentes y la impunidad es endémica. El riesgo de perder credibilidad en épocas en las cuales la fidelidad de la democracia es baja, es, a mi juicio, una maniobra de desinstitucionalización que pone en peligro lo poco que se ha avanzado. Además, abre la ventana al gran padecimiento que afecta la configuración general de la fiscalía y es que el poder admita, de una vez por todas, que el control político de las instituciones de procuración de justicia puede ser tentador para quien ejerce el poder, pero a la larga es funesto para la estabilidad de la República. Todos aquellos que ejercen el poder hoy y manejan recursos discrecionales, como las intervenciones telefónicas, la utilización sesgada de información financiera u operan la aplicación de recursos para favorecer líneas editoriales en determinados medios, deben recordar que lo que hoy está en sus manos mañana estará en las de sus adversarios políticos y entonces lamentarán no haber puesto un límite al ejercicio de un poder que confunde los intereses de un partido con los intereses del país. Todo mundo debería recordar que aquellos, que son minoría hoy, mañana pueden ser mayoría y, cuando estén sentados en la silla del poder, encontrarán los instrumentos que los que hoy lo ejercen, utilizaron sin cortapisas con las consecuencias que constatamos. Entonces, tal vez, lo lamenten.
Analista político.
@LeonardoCurzio
