Dinero público y medios

El señalamiento de la SCJN al poder legislativo de legislar para reglamentar la utilización de los recursos públicos en materia de comunicación es una noticia importante para la vida de la República. Algunos colegas han mostrado su escepticismo sobre la posibilidad de reglamentar esta atribución que han venido ejerciendo de manera discrecional los gobiernos de distintos signos. Creo, sin embargo, que tiene más elementos positivos que cualquier otra posible solución para organizar de manera transparente la relación gobierno medios de comunicación.

En primer lugar me parece que hay que ver la medida con el velo de la ignorancia. Muchos de los partidarios del actual gobierno suponen que podría limitar la capacidad de la oficina de comunicación social de ubicar los mensajes que el gobierno considera prioritarios. Y es verdad, pero vale la pena pensar en lo que opinarían si un gobierno que les resultara poco agradable tuviera ese torrente de recursos para no solamente difundir sus mensajes por la vía publicitaria, sino convertirse por la vía de los hechos en el principal patrocinador de los medios de comunicación. La perspectiva no es alentadora ni es saludable. Como no lo es la situación actual que lejos de ayudar al gobierno en su propósito de ubicar mensajes favorables, ha generado en el mejor de los casos desdén y en el peor irritación. Desde el “ya chole con tus críticas” hasta esta forma sublime de reprochar los medios de que las buenas historias no se cuentan, queda claro que desde la lectura del gobierno no hay un resultado satisfactorio de ese ejercicio propagandístico. Mucho dinero no se traduce entonces en una mejora de la aprobación presidencial. Creo que el propio gobierno debe ser el primero en preguntarse por qué las millonarias sumas canalizadas a los medios no transforman el sentir popular o mitigan el malhumor social.

La respuesta de esta poca eficiencia del gasto tienes a mi juicio varias explicaciones generales. La primera es que por más comunicación propagandística que se aterrice en los medios, ya sea de forma directa o por la (muy poco disfrazada) promoción de cifras gubernamentales favorables, la experiencia de la gente en su vida cotidiana puede más que cualquier spot o cualquier lectura con voz meliflua e impostada de boletines oficialistas. No hay nada peor que una propaganda mal disimulada que a leguas se distingue como información pagada. Es una información poco espontánea y claramente incrustada en la programación general que por supuesto refleja otro sentir. La información gubernamental, que debe a mi juicio ser tratada con toda objetividad, sólo se convierte en significativa cuando eres tratada, analizada y contextualizada por programas que tienen credibilidad. Sin credibilidad en la voz de los comunicadores no hay posibilidad de que esas cifras que hablan del pleno empleo (y que son ciertas) cambien estados de ánimo. Y esa credibilidad sólo se logra cuando los medios son realmente independientes y no viven del presupuesto gubernamental, que dicho sea de paso es tan discutible como el dinero que reciben los partidos (y que tanto indigna los medios) . Doble moral. Es dinero del contribuyente que pasa a los privados si reportarle beneficios a los ciudadanos y a juzgar por los resultados tampoco el gobierno que ve cómo sus números son cada vez menos favorables. El juicio popular es severo.

En muchas democracias el establishment político y mediático ha terminado por hartar a los ciudadanos. Es demasiado obvio el maridaje y es profundamente perverso que en lugar de trabajar todos los días por conseguir credibilidad, los medios de comunicación tienda a ver al gobierno como una fuente de ingresos. Su creatividad se seca, su afán por ser sector privado se diluye, pues pasan más tiempo cumplimentando a los políticos con oficinas destinadas para tal fin que crear productos de comunicación novedosos que ayuden a las empresas privadas a incrementar sus ventas. El presupuesto gubernamental en los medios los adocena y los convierte en empresas capturadoras de renta pública. No tiene ningún mérito enriquecerse con el dinero público ni aporta un ápice a la musculatura democrática tener una relación parasitaria.

Una publicidad reglamentada debe permitir al gobierno tener mucho más eficiencia su mensaje ya que buena parte del mismo se canalizaría a los medios con mayor credibilidad y no a los más dóciles. Una publicidad reglamentada permitiría también demostrar que aquellos que reciben dinero público efectivamente le devuelven a la sociedad información útil y no una repetición incesante de propaganda. El dinero público serviría pues para mejorar la comunicación social y la calidad de la deliberación pública. Reitero, me parece que el presidente estaba lo correcto cuando el inicio de su mandato decía que una república democrática debe, entre otras cosas, tener un organismo ciudadano y técnicamente independiente que maneje el dinero público para el bien común y no para beneficiar a un grupo selecto de empresas que viven del dinero público, como los partidos a los que tanto abominan. Pero por lo menos los partidos no se presentan como sector privado.