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En todas las democracias (o casi) se registran irregularidades; algunas más burdas que otras (y en mayor o menor proporción, según la calidad de cada democracia). Por lo cual muchos países adoptaron un criterio general para validar o no sus elecciones; si las irregularidades probadas (no inventadas) son determinantes en el resultado, puede proceder su anulación. Pero si las irregularidades no son determinantes, se valida el resultado, pues de lo contrario prácticamente todas las elecciones tendrían que ser anuladas. En México, durante años, el PRD mantuvo el criterio de que cualquier monto de irregularidades tendría que bastar para invalidar una elección, al margen de si fuesen determinantes o no en el resultado. Quizá a raíz de esta última elección cambie dicha postura.
He dicho, y lo sostengo, que en 2006, de no haber cometido López Obrador tantos errores de campaña, hubiera mantenido su gran ventaja original y las irregularidades no hubieran alcanzado para modificar el resultado (ya no estábamos en 1988 aunque el PRD sostenía que sí). En cambio, al llegar en empate técnico, un monto pequeño de irregularidades pudo haber modificado el sentido del resultado. Por lo cual lo democrático hubiera sido abrir tantos paquetes electorales como hiciera falta (64%), facultad que la Ley daba al Tribunal Electoral federal (y su jurisprudencia lo ratificaba), pero decidió no hacerlo. En esa ocasión se demostró que las inconsistencias aritméticas no depuradas en las actas fueron más que los votos con los que oficialmente ganaba Felipe Calderón. Eso hacía imposible determinar quién realmente había triunfado, contrariamente a lo asegurado por el Tribunal en su dictamen final (Cfr. 2006; Hablan las actas, Random House, 2008).
Pero en 2012 las cosas fueron distintas. Desde luego que hubo también irregularidades; sin embargo, en esa ocasión el margen entre punteros fue de 7 puntos (poco más que cuando ganó Fox). Pero AMLO tampoco aceptó el resultado. Como la distancia con que ganó Peña Nieto fue de 3 millones y medio, decretó que los votos comprados (que son delito pero no causal de nulidad) fueron 5 millones. De haber sido la ventaja oficial de cinco millones, habría dicho que los votos comprados eran ocho millones, y así sucesivamente. Mi posición ahí fue, bajo el mismo criterio que en 2006, que si las irregularidades probadas fuesen determinantes debía invalidarse el ejercicio, pero no lo fueron. La diferencia fue el rango de la distancia entre punteros. Y aquí una muestra de nuestro surrealismo; los paquetes abiertos en 2006, con 0.56 % de distancia entre punteros, fue 14%. Hoy, con 30 puntos de ventaja para AMLO, se abrió 75% de paquetes.
Ha prevalecido en los obradoristas la idea de que si el Estado decide hacer un fraude puede hacerlo en la magnitud que haga falta. Como si la capacidad para ello fuera infinita (y menos con los avances que se han dado desde 1988). Por lo cual, incluso poco antes de la elección, muchos obradoristas temían un magno-fraude. No dudo que al gobierno y al PRI les haya pasado por la mente hacerlo. Y tampoco que hubo irregularidades diversas, denunciadas por varios actores. Sin embargo, ni la más férrea voluntad de trucar la elección bastaba para hacerlo por la magnitud del triunfo (a mayor ventaja entre punteros, más difícil es instrumentar un fraude exitoso). De hecho, que el margen de distancia sí importa para validar o no una elección, lo reconocen ahora en Puebla; dice Morena que ahí no se puede reconocer su derrota porque el fraude sí fue determinante debido al reducido margen que hubo, en tanto que con AMLO la distancia fue tan grande que el fraude no afectó su triunfo. Es decir, finalmente el obradorismo reconoce la importancia de que el fraude sea determinante o no en el resultado para validar una elección. En todo caso, ha dicho López Obrador que a partir de ahora se acabará el fraude. Es lo deseable, pero no lo creo (el PRD, en su momento, mostró que también sabe de eso).
Profesor afiliado del CIDE.
@JACrespo1
