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Pese a las múltiples alternancias desde 1989, parece haberse implantado un pacto —tácito o implícito— de impunidad entre partidos y los distintos niveles del poder. De modo que la corrupción ha continuado como si nada, pero extendiéndose a todos los partidos. El hartazgo respectivo de la ciudadanía parece haberse reflejado en los comicios de 2016, cuando hubo varias alternancias. Lo cual generó una respuesta del gobierno federal para penalizar a algunas de las figuras vinculadas a la corrupción; Guillermo Padrés del PAN, pero también Javier Duarte, Tomás Yarrington y Roberto Borge, del PRI. Queda la duda sobre si el gobierno federal hace una justicia selectiva, protegiendo a algunos de sus alfiles, sea por motivos de cercanía personal o por el riesgo de que salpiquen hacia arriba (como muchos sospechan es el caso de César Duarte).
Varios candidatos opositores han hecho de la promesa de castigar la corrupción el eje de su respectiva campaña (fue el caso de Jaime Rodríguez, el Bronco, de Miguel Ángel Yunes y de Javier Corral, entre otros). Algunos incumplen por la dificultad para probar legalmente la culpabilidad de los imputados, o por temor a las represalias que podría haber de las instancias federales. Javier Corral se ha esforzado por cumplir dicha promesa, pero no ahora en plena época electoral, como acusan voceros y plumas del régimen, sino desde que llegó al gobierno. Hay 10 órdenes de aprehensión sobre César Duarte, pero recientemente se detectó un desvío de fondos provistos por Hacienda a la campaña del PRI en 2016. Investigación que apunta a personas del ámbito nacional, no sólo local. Lo que inevitablemente genera inquietud en las esferas del gobierno federal. Al decir de Corral —y Gustavo Madero—, en Hacienda les retuvieron fondos de un convenio ya firmado (semejante al origen de los fondos desviados en 2016), haciéndoles ver —obviamente sin decirlo con todas sus letras— que les preocupaba el alcance de la investigación de marras. El gobierno de Chihuahua no aceptó el condicionamiento de la investigación, y los fondos comprometidos no fueron depositados.
Ante la denuncia pública de Corral, Hacienda ha dado distintas explicaciones, confusas y contradictorias entre sí: que no tenían la cuenta correcta para el depósito (lo que sería fácil de solucionar), que requiere una garantía de que no se cuestiona jurídicamente del convenio respectivo (pese a que Corral claramente les dijo que no), lo que implicaría esperar al fin de la investigación (que no tiene un lapso predeterminado), o que se les acabaron los recursos. ¿Cuál de todas es la buena? Lo que parece preocuparles es que de dicha investigación surjan imputaciones a personajes del gobierno actual o del PRI nacional, y quizá buscan “encapsular” la indagación al ámbito local. Es frecuente descalificar una indagación por motivos electorales, como si en los tiempos electorales debieran suspenderse las acciones contra la corrupción; lo que debe esclarecerse es si hubo o no corrupción y cuál fue su alcance, en cualquier momento. Que se crucen elecciones (que siempre hay), no debe ser el asunto central.
Pero eso no impide que sí pueda haber un efecto electoral; el PRI acumula un escándalo de corrupción tras otro (Odebrecht, Estafa Maestra, el socavón y ahora el desvío de fondos en Chihuahua). Al involucrarse en lo de Chihuahua, José Antonio Meade busca congraciarse con sus nuevos correligionarios, pero lo hace de forma tan torpe que bien podría perder los votos que busca por fuera del partido. Ésa era su principal ventaja sobre otros precandidatos del PRI, y la está echando por la borda por su notoria falta de habilidad política y la de sus asesores (pese a que Morena le da la razón al PRI en descalificar a Corral). Allá él. Ahora queda más claro que su papel será, no combatir la corrupción (por más que le duela) sino proteger a sus padrinos políticos. Pidió al PRI hacerlo suyo; ahora se ha convertido en un priísta más.
Analista político.
@JACrespo1
