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En mi última entrega inicié el análisis de los retos y oportunidades que enfrentará la educación superior en el último año de la administración federal. Sus saldos permitirán evaluar y diseñar las políticas del siguiente sexenio. Comentamos hace dos semanas sobre los retos de la cobertura, el financiamiento, la estrategia nacional Puentes para atender a jóvenes migrantes en EU en caso de deportación y hablamos de la propuesta de Visión y Acción 2030 que ha venido construyendo colegiadamente la ANUIES para contribuir al diseño de las políticas públicas de la próxima administración.
Otro reto inscrito en el propio Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 es el de la calidad de la educación. Si bien en los niveles precedentes al superior se impulsaron reformas estructurales que han generado expectativas de mejora, en el caso que nos ocupa, la evaluación de la educación superior data de los años 90, y es visto como una práctica cotidiana por los actores de ese nivel educativo, que lo han asumido como parte del quehacer académico. No obstante, los indicadores de calidad, medidos por el porcentaje de matrícula inscrita en programas educativos de calidad, muestran que nos alejamos de la meta del 72% propuesta para el 2018, que se veía alcanzable a inicios de la administración, pues partimos de una línea base de 59.4%. Hoy vemos con preocupación que el indicador no avanza. Por ello hemos planteado desde la ANUIES la necesidad de impulsar la creación de un sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior que defina las políticas y estrategias, y que promueva, regule y articule los esfuerzos existentes en el logro y aseguramiento de la calidad de la educación superior conforme a estándares internacionales.
La responsabilidad social es un concepto emergente propuesto en 2009 por la UNESCO que debe dimensionar la educación superior. Al definir a la educación superior como un bien público y social, el Estado se ha responsabilizado de su desarrollo, pero los demás actores también debemos asumir nuestra corresponsabilidad. La creación del Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria en 2016, a instancias de la ANUIES y con la participación formal de la Subsecretaría de Educación Superior y varias instituciones de educación superior (IES), ha sido fundamental para vincular de manera sistemática y planificada a las funciones sustantivas y de gestión, el compromiso social de las IES por el desarrollo sostenible.
La internacionalización de la educación superior debe ser vista como una estrategia educativa nacional para hacer frente a la globalización. Dotar a los jóvenes de competencias globales, una mirada multicultural y una ciudadanía universal, impulsar la colaboración científica y tecnológica entre los académicos e intercambiar experiencias internacionales para atender problemas locales, representan una prioridad de la sociedad actual.
Superar esos retos, requiere sin duda de una mejor organización, de un soporte normativo sólido y actualizado en el cual se establezcan con claridad las responsabilidades, competencias y derechos de los actores para aportar certidumbre a la gobernanza, con respeto a la autonomía y a los derechos laborales de los trabajadores universitarios, y una clara direccionalidad de las políticas públicas, acompañadas de programas y recursos, para el desarrollo de la educación superior en sus distintas modalidades. En la ANUIES hemos hecho nuestra parte creando y proponiendo instrumentos, formulando una propuesta de anteproyecto de Ley General de Educación Superior y el documento de Visión y Acción 2030 que ya comentamos. Con todos esos instrumentos enfrentaremos los retos, en este año que se presenta como una gran oportunidad para impulsar un nuevo ciclo, innovador, de la educación superior en México.
Secretario general ejecutivo de la ANUIES
