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La irrupción de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) ha cambiado nuestra vida cotidiana en muchas formas: desde las comunicaciones; hasta la navegación y orientación; y pasando por las criptomonedas y el entretenimiento. La lista es más larga y seguirá creciendo. Esto es bienvenido pues aumenta las opciones que tienen los ciudadanos, en general a muy bajos costos directos. Sin embargo, hay que debatir sobre la necesidad de regular su uso o no, y cómo hacerlo. Hay al menos cuatro áreas donde se requiere el diseño e implementación de políticas públicas:
1) Cuando está en juego, y se lucra con, la privacidad de los usuarios —Big Data problem. Las nuevas tecnologías permiten acumular información sobre los usuarios sin su conocimiento, influenciando su comportamiento y lucrando en el proceso. Hay que regular qué información puede recolectarse, cómo hacerlo y cómo puede ser usada. Por tratarse de un problema global, la solución debería ser un esfuerzo supranacional.
2) Cuando está en juego la confianza y seguridad pública. Esto ocurre con la creación de las criptomonedas, cuando se levanta financiamiento para proyectos (crowdfunding), o con las apps de transporte, entre otros. Estos negocios se sustentan en la confianza del público, la que en los negocios tradicionales se funda, en parte, en la existencia de un ente regulador del Estado. Hay que decidir qué aspectos regular y cómo hacerlo. Algunos casos pueden requerir de un esfuerzo global, por tratarse de un fenómeno global (criptomonedas).
3) Cuando las nuevas tecnologías llevan a la robotización de tareas. La adopción de tecnologías requiere políticas públicas que ayuden a la transformación o reconversión de empleos, incluyendo una educación que prepare al trabajador para adaptarse a los incesantes cambios tecnológicos que lo afectarán durante su vida laboral, así como el reentrenamiento de aquellos que ya participan en el mercado laboral.
4) Cuando la adopción de las nuevas tecnologías conlleva la erosión de la base tributaria y/o desnivela la cancha entre agentes económicos por tener distintas cargas tributarias. Esto ocurre porque las empresas que brindan servicios o venden bienes apoyándose en plataformas tecnológicas tributan sobre sus ingresos donde tienen presencia física y/o donde están legalmente constituidas. Cuando las empresas se constituyen en santuarios fiscales con bajas tasas tributarias, se produce una erosión de las bases tributarias de los países donde se concentra el consumo. Adicionalmente, la entrega desmaterializada de bienes que se descargan en formato digital (música, películas, software), en conjunto con el cobro vía medios electrónicos (tarjetas de crédito), conlleva una disminución del impuesto a las compraventas de bienes y servicios (IVA). Todo lo anterior genera una desventaja competitiva (artificial) para las empresas tradicionales, a las que por no usar tecnología digital les resulta más difícil eludir impuestos. Por último, la irrupción de tecnologías ha facilitado la formación de empresas informales, que cobran por sus servicios sin pagar los impuestos correspondientes, como Airbnb, eBay, etcétera. Se requiere mayor fiscalización para reducir la informalidad, reformas tributarias y legales que nivelen la cancha entre agentes económicos que realizan la misma actividad, y acuerdos supranacionales que eliminen los santuarios fiscales y aseguren que las empresas tributen por sus rentas en los mercados donde éstas se realizan.
Un ejemplo de los cuatro problemas anteriores se da en el caso de apps de transporte. En primer lugar, la aplicación permite a la empresa ‘seguir’ al pasajero, incluso si ha terminado el viaje y sin su conocimiento, aprendiendo de sus hábitos y preferencias. Esta información puede luego ser vendida, sin consentimiento de los pasajeros, a empresas como Cambridge Analytica. En segundo lugar, si la autoridad no lleva un registro de los autos y choferes, como ocurre con los taxis tradicionales, se facilita el que se cometan crímenes (la prensa ha reportado muchos) y se violen normas de seguridad. En tercer lugar, la irrupción de autos que se manejan solos destruirá empleos en el sector, un cambio para el cual debemos prepararnos reentrenando a choferes profesionales. Por último, el cobro de estos servicios vía tarjetas de crédito (o en efectivo), así como la informalidad en que operan muchos conductores, permite que la empresa dueña de la plataforma y los choferes no tributen por sus ingresos (ni paguen los derechos correspondientes que afectan a taxistas tradicionales).
Las nuevas tecnologías llegaron para quedarse y no hay vuelta atrás. Sin embargo, estamos al debe en el debate entre las autoridades pertinentes —tributaria, monetaria, bancaria, ministerios de educación y sectoriales— y los representantes de las industrias respectivas, para regular adecuadamente aspectos que, de no revisarse, permiten el abuso potencial hacia los consumidores y promueven la competencia desleal.
Director de CLAPES UC.
Ex ministro de Minería de Chile
