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México, junto con otros 23 países de América Latina y el Caribe, adoptó el pasado 4 de marzo el texto final del Acuerdo Regional sobre el “Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, denominado Acuerdo de Escazú. Sin embargo, a la fecha, no se han expresado de manera clara, pública y contundente sobre si las autoridades en turno sí firmarán el Acuerdo el próximo 27 de septiembre ante la ONU en Nueva York.
México, firmando el Acuerdo de Escazú, contaría con un instrumento jurídico adicional para poder atender las innumerables problemáticas ambientales que atañen al país, entre las que se encuentran la deforestación, la degradación de los suelos, la contaminación del agua y el despojo de territorios a pueblos y comunidades indígenas. El Acuerdo de Escazú es el primer tratado sobre derechos humanos ambientales en la región y marca un hito en el diseño de la futura gobernanza ambiental.
El Acuerdo de Escazú no se limita a reconocer los derechos humanos ambientales y las obligaciones de los Estados parte, sino que profundiza en cómo, de manera concreta, México y los países de la región, podrían garantizar los derechos de todos a un medio ambiente sano y sus derechos de acceso a la información ambiental, participar de manera efectiva en la toma de decisiones ambientales y poder acceder a la justicia ambiental, con especial atención en las personas y grupos vulnerables.
Entre otras razones, México debe firmar el Acuerdo de Escazú, puesto que se ha convertido lastimosamente en un país riesgoso para las personas defensoras ambientales. En México, en 2017, hubo 15 asesinatos de defensores del medio ambiente y a la fecha no se conocen ni han sido sancionados los responsables. Desde 2010, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), ha documentado a nivel nacional casi 400 agresiones a defensores ambientales.
El de Escazú es el primer tratado en el mundo que incluye disposiciones para proteger a los defensores de derechos humanos ambientales y garantizarles un entorno propicio para el desempeño de sus actividades. México, debe firmar el Acuerdo para garantizar un entorno seguro para las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos ambientales para que puedan actuar sin restricciones e inseguridad.
Con la firma del Acuerdo de Escazú por parte del Ejecutivo y la respectiva aprobación del Senado en México, se podría gestar una mejora en la legislación en materia ambiental, con el propósito de incluir mecanismos eficaces para que las y los ciudadanos puedan acceder a la información ambiental cuando pueden ser afectados por proyectos de desarrollo, para que puedan ser involucrados en la toma de decisiones sobre su medio ambiente y para que puedan presentar acciones legales para la protección y conservación ambiental.
México debe firmar el Acuerdo de Escazú para que: pueda fortalecer y mejorar la generación y divulgación de información ambiental en el país por cualquier medio; exista un eficiente registro de emisiones y transferencia de contaminantes; se garantice que las organizaciones de la sociedad civil puedan tener legitimación activa amplia para acudir en juicio para proteger el ambiente y, por último, que haya un fortalecimiento de capacidades al fomentar, desarrollar y promover los derechos de acceso encaminados a una mejora sistemática en la materia.
El Acuerdo de Escazú brinda una oportunidad histórica porque puede ser México el actor principal y líder a nivel regional para generar un cambio estructural en las formas del desarrollo, para lograr la protección ambiental y la conservación de los recursos naturales y dar solución a las problemáticas ambientales que se generan todos los días en las Américas, y por el otro, la prevención de los cada vez más complejos y delicados conflictos socio ambientales.
El Acuerdo de Escazú se abre a firma a partir del 27 de septiembre próximo para que los países de América Latina y el Caribe, en el marco de la Asamblea General de la ONU, lo suscriban. Lo menos que se espera de la administración del Presidente Peña Nieto es que México sea de los primeros países en firmarlo, que lo apruebe el Senado y se proceda a su debida implementación. De ser así, México nuevamente estaría mostrando a la comunidad internacional su disposición y liderazgo en estos temas tan relevantes hoy en día para nuestras sociedades. Que así sea.
Fundador y Presidente del CEMDA
