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Con creciente frecuencia me topo en la prensa con noticias generadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Invariablemente, son muy malas noticias: dinero que revolotea por todas partes y nadie sabe nadie supo.
Como explica su página de Internet (www.asf.gob.mx), la ASF es “el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.”
¿Es concebible siquiera una empresa de tal ambición, dada la monstruosidad de las pirámides burocráticas patrias y las gratificaciones de la impunidad?
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 alcanzó la muy espectacular cifra de 5.28 billones de pesos. Y cada uno de esos pesos, con su aguilita nacional y su carita del prócer que le haya tocado, cada uno de esos pesos, digo, arranca su camino y transita por las cuentas de miles de dependencias en las que decenas de miles de secretarios, funcionarios, jefes de unidad y un complejo ejército de “servidores públicos” van encausando su flujo hacia, se supone, el beneficio de la escuálida patria. Y claro, el camino es de tal manera tortuoso y elaborado que un porcentaje simplemente se esfuma.
Es magnífico que exista una institución que acometa tal empresa. El auditor saliente, contador Juan Manuel Portal Martínez, quien lo era desde 2009, fue quien documentó irregularidades en el uso de recursos públicos en los gobiernos de Veracruz o Quintana Roo y sus regocijados gomierdadores; en los casos de Emilio Lozoya, de FICREA, de Oceanografía o en la Línea 123 del metro, por mencionar sólo algunos casos estereofónicos.
En 2015, al revisar la Cuenta Pública, la ASF encontró “irregularidades y opacidad” en la forma de gastar 165 mil millones de pesos, lo que el contador Portal consideró que es “un presunto daño al erario federal”. Esos 165 mil millones se opacaron de la siguiente forma: 100 mil en el gobierno federal, los poderes de la Unión y los órganos autónomos y 65 mil en las entidades de la República.
Ahora bien, el “posible” desfalco de 2015 era 55% superior al desfalco de 2014. Es decir, que robar dinero público no sólo es lo normal, sino que es una de las pocas cosas productivas que hay en México; una de las pocas actividades que aumenta su rendimiento y su eficiencia, demostrando así que cuando el mexicano se atarea en hacer las cosas mejor que antes, lo consigue con creces.
De acuerdo con el auditor Portal Martínez, en el archivo de la ASF, sólo entre los años de 2000 a 2013, existe un “acumulado” de 664 denuncias penales presentadas por un daño patrimonial de unos 26 mil millones de pesos. De 2011 a 2015, los encargados de cometer daño patrimonial se superaron nuevamente, pues la ASF detectó malos manejos de recursos federales por 216 mil 500 millones de pesos.
Ahora lo que sería importante es, obviamente, que los hallazgos de la ASF se convirtieran en automático en denuncias frente el Sistema Nacional Anticorrupción y, desde luego, en investigaciones penales en la Procuraduría General de la República. Pero no se preocupe usted: hasta el día de hoy no hay auditor, no hay procurador y no hay fiscal anticorrupción. Lo que sí hay es 500 diputados,128 senadores y cinco partidos políticos.
Desde finales de 2017, cuando acabaron los ocho años del contador Portal, el Congreso busca a quien habrá de reemplazarlo pero, claro, los partidos políticos no logran ponerse de acuerdo (un Congreso que, dicho sea de paso, según la ASF, también presentó anomalías y opacidades por casi 3 mil millones de pesos).
La otra buena noticia es que entre las 40 personas que buscan ser el nuevo auditor superior está el señor Iván López, quien fue el contralor del gobierno de Javier Duarte…
