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La tensión se avivó en la zona del Paso Exprés por la evacuación de 10 personas -ocho adultos y dos menores- que habitan cuatro viviendas cerca del muro de contención de la vía y que representa un riesgo para la zona aledaña.
“El muro puede caer y deben abandonar sus casas temporalmente”, informó personal de Protección Civi y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En tanto, los vecinos fueron hospedados en un hotel.
Francisco Bermúdez Alarcón, titular de Protección Civil estatal, informó que después de una reunión con la SCT decidieron retirar a los habitantes del fraccionamiento Río del Bosque para iniciar la demolición de la valla, cuya fragilidad fue denunciada desde hace semanas por los habitantes de la zona. Dijeron que la estructura registra una leve inclinación hacia las casas.
El muro se encuentra junto al socavón que se abrió el miércoles pasado, provocando la muerte de Juan Mena López y Juan Mena Romero, padre e hijo.
Indemnización justa. El abogado de los familiares de las dos personas fallecidas en el socavón del Paso Exprés, Darío Oscos, anunció que los deudos recurrirán a la ley para exigir una indemnización justa por daño material y moral.
El litigante declaró, en entrevista de radio, que se trata de un homicidio culposo que incurre en responsabilidad penal. Agregó que una justa indemnización sería en función de cuatro aspectos fundamentales: los derechos lesionados, la gravedad de la responsabilidad, la capacidad económica de los responsables y las circunstancias especiales del caso.
El día de la tragedia el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que la familia Mena Romero recibiría un millón por cada uno de sus familiares.
La fiscalía estatal citó en su ficha técnica que el delito cometido en contra de las víctimas fue homicidio culposo y después trascendió que murieron por asfixia por confinamiento, es decir, se quedaron sin oxígeno.
En tanto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) buscará contactar a los familiares de Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero, en respuesta a la solicitud formal que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El titular de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, señaló que al reconocérseles a los familiares como víctimas se da el primer paso para que puedan acceder a medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral.
“Se pudo haber evitado”. El gobernador Graco Ramírez afirmó que desde la inauguración del Paso Exprés, reiteró a la SCT que existían fallas sin atender y faltaban señalamientos. “La tragedia pudo evitarse si la SCT hubiera atendido el cambio del tubo y las siete alertas presentadas oportunamente por el gobierno del estado a la dependencia federal”.
El mandatario demandó revisar el proyecto ejecutivo de la vía y evaluar la responsabilidad de la constructora Aldesa y Epccor, y de las autoridades de la SCT.
