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Una joven de 20 años de edad será llevada ante un juez penal acusada del delito de aborto y podría pasar hasta tres años en la cárcel; el fin de semana elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME) la detuvieron en el Hospital Central de esta ciudad, por un reporte de la institución.
En el hospital se notificó a los agentes investigadores que se había brindado atención a una mujer, que según el diagnóstico clínico interrumpió su embarazo con la ingesta de un medicamento.
Ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el novio de la detenida declaró que su pareja compró un medicamento para la interrupción del embarazo, “puesto que ella le dijo que no contaba con el recurso monetario para cuidar y mantener un hijo”.
La paciente había ingresado al Hospital Civil con problemas de salud y al ser valorada se encontró que el producto de la gestación se encontraba sin vida y era necesario extraerlo, por lo que especialistas procedieron a intervenirla.
El Subprocurador de Procedimientos Jurisdiccionales, Aarón Edmundo Castro Sánchez, informó que se tuvo comunicación por parte del hospital del ingreso de una mujer, quien presentaba un cuadro que devino en un aborto de un producto masculino, de aproximadamente entre 5 y medio y 6 meses de gestación.
El sábado pasado, cuando la paciente fue dada de alta, policías ministeriales la detuvieron y pusieron a disposición del Ministerio Público, que dio inicio a una carpeta de investigación.
“De los primeros hallazgos médicos en la atención que le dieron, encontraron la posibilidad de que hubiera sido un aborto provocado por alguna circunstancia no natural, por lo que la Procuraduría generó actos de investigación”.
El Ministerio Público realizó peritajes, entrevistas de personas y obtuvo el expediente clínico en que se establece que la mujer tuvo una atención médica de urgencia.
La fiscalía pudo advertir que aparentemente “sí había un hecho con apariencia de delito contemplado por la legislación del estado de San Luis Potosí como aborto, y este delito pudiera ser atribuible precisamente a la ingesta de un medicamento que se automedicó ella con esta finalidad”, detalló el subprocurador.
A la joven se le dejó en libertad dentro de las siguiente 48 horas de que había sido detenida, con la reservas de ley, debido a que en los tiempos procesales el Ministerio Público no contaba con un dictamen de Criminalística para formularle la imputación y pedirle al juez de oralidad que fuera vinculada a proceso penal.
Castro Sánchez explicó que faltaba un dictamen en química, que estaba por llegar, a efecto de dejar de manifiesto si el medicamento que ella ingirió “le hubiera provocado la pérdida del producto”.
Entonces procesalmente, al haberse agotado el término (de 48 horas) y ver que faltaba ese registro de investigación, la inculpada fue puesta en libertad.
En los siguientes días, la PGJE solicitará una audiencia a un juez para formular la imputación a la muchacha, vecina de la zona conurbada de esta capital, y por consiguiente que se vincule a proceso y el juez tenga la posibilidad de dictar aquellas medidas cautelares que fueran propias para el caso, agregó.
El artículo 148 del Código Penal del estado establece de uno a tres años, por el delito de aborto provocado descrito como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo.
