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Entre 2011 y 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 2 mil 291 millones de pesos en las cuentas públicas del gobierno de Nayarit. En el informe presentado en febrero pasado ante el Congreso de la Unión, la ASF consta que la mayoría de las anomalías se hallaron en las áreas de Salud, Seguridad y Obra Pública.
Sólo entre 2011 y 2014, el gobierno de Roberto Sandoval no logró solventar mil 450 millones 300 mil pesos y para 2015 las irregularidades detectadas ascienden a 810 millones 800 mil pesos; y se han iniciado procesos para que devuelva a la Federación otros 29 millones 900 mil pesos.
Según el informe, entre 2011 y 2013 (los primeros tres años del gobierno de Roberto Sandoval Castañeda) se solicitó en 46 ocasiones a la Secretaría de la Contraloría General del Estado iniciar procedimientos administrativos sancionatorios contra un número indeterminado de funcionarios presuntamente involucrados en diversas anomalías; no obstante, la dependencia estatal sólo hizo acuse de recibo, pero no procedió en ninguno de los casos.
En el último mes la administración de Sandoval ha sido cuestionada por la detención en Estados Unidos de su fiscal, Édgar Veytia, acusado de narcotráfico, por la existencia de una red de funcionarios estatales encabezados por el secretario de Obras, Gianni Ramírez, que benefician con contratos millonarios a empresas fundadas por ellos, en la revelación de un audio en el que el ex rector de la Universidad Tecnológica de Nayarit, Alejandro Fonseca, involucra al gobernador en una red de corrupción que saca provecho de contratos de obra y servicios en ayuntamientos.
La ASF señala que las investigaciones y sanciones solicitadas al gobierno de Nayarit derivan de irregularidades halladas en las cuentas públicas 2011, 2012 y 2013, que implican aperturas de cuentas no autorizadas para recibir recursos federales, incurrir en subejercicios, no presentar reportes financieros, realizar adjudicaciones directas injustificadas, abrir plazas no autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no comprobar uso de aportaciones federales, permitir el desabasto de medicamentos y desvío de recursos, entre otras.
Por ejemplo, en el expediente 11-B-18000-02-0710-08-003 la ASF solicitó a la Secretaría de la Contraloría General de Nayarit que “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos” involucrados en la adjudicación directa del servicio de farmacia, adquisición y distribución de medicamentos para surtir recetas a los usuarios de los servicios de Salud del estado y afiliados al Seguro Popular.
Según la ASF, en este caso se cometieron varias irregularidades en la licitación pública estatal número LPE-SSN-DRMSG-004/11, que dio origen al contrato SRFMSG 135/2011, el cual —advierte la Auditoría— nunca se formalizó y eso impidió verificar el cumplimiento del mismo.
Otro caso es el de la solicitud 11-B-18000-02-0710-08-004, donde se señala que hubo funcionarios que no implementaron los mecanismos de control adecuados para evitar que caducaran mil 276 dosis de medicamentos cuyo costo asciende a 265 mil 900 pesos; además, no se realizó el proceso de destrucción y confinamiento final de ese medicamento.
En el expediente 11-B-18000-02-0561-08-005 se señala que a través del contrato S.A.D.G.A 048/2011 se adjudicó de forma irregular y de manera directa la compra de chalecos balísticos y equipo antimotín a la empresa Protective Materials Technology, SA de CV.
Otro ejemplo se documenta en el expediente 13-B-18000-04-0152-08 -001, donde la ASF advierte que se planeó de manera deficiente la ejecución del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 2013, pues se dio prioridad a dos plantas de tratamiento nuevas y no a las cuatro obras inconclusas desde 2012.
La ASF reportó ante el Congreso de la Unión que las 46 solicitudes de sanción promovidas ante la administración nayarita son atendidas por la Secretaría de la Contraloría General del Estado, ya que los expedientes se han radicado para iniciar las investigaciones correspondientes; sin embargo, la dependencia federal señaló que ninguno de los casos cuenta con una “resolución definitiva”.
