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El Congreso Local aprobó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Guanajuato, que establece las bases y principios en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y conductas ilícitas, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
La diputada Beatriz Manrique del Partido Verde Ecologista de México, señaló que la norma se estructuró tomando en cuenta las prácticas de corrupción como el despilfarro del erario, las simulaciones jurídicas y la opacidad.
“En el grupo parlamentario bajo mi coordinación estamos a favor de contribuir con todas las acciones necesarias para lograr un marco normativo útil como herramienta de combate a la corrupción, estamos listos para incorporarnos al Sistema Nacional”, dijo Manrique Guevara.
En su intervención, la diputada panista Libia Dennise García Muñoz Ledo, dijo que la lucha frontal contra la corrupción debe librarse desde las leyes que deben incluir mecanismos de supervisión, transparencia y sanción, modernos y efectivos, que brinden armas jurídicas para actuar, prevenir y castigar los actos de corrupción.
“La meta es que por medio de esta ley establezcamos los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en el estado y los municipios; definamos las bases mínimas para la prevención de estos hechos y la emisión de políticas públicas integrales en materia de fiscalización y control de los recursos públicos”, subrayó.
El diputado Jorge de la Cruz Nieto dijo que en el diseño del Sistema Estatal Anticorrupción se concentraron en generar un sistema que prevenga, corrija leyes, procesos y sancione conductas ilícitas, y que eso se vea reflejado en un real bienestar social y eficiencia institucional.
La diputada Arcelia María González González, destacó la función de fiscalización que tendrá la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la cual deberá establecer un marco de referencia para la prevención, detección, disuasión y sanción de actos de corrupción, con el fin de generar cambios estructurales en el ámbito jurídico y administrativo, e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.
El Sistema Estatal Anticorrupción lo integrarán el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización; y los municipios, quienes concurrirán a través de sus contralores municipales.
Se creará una Plataforma Digital conformada por sistemas electrónicos: de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal; de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas; de Servidores públicos y particulares sancionados; de información y comunicación del Sistema Estatal; de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y de Información Pública de Contrataciones.
El Sistema Estatal contará con una Secretaría Ejecutiva, organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión.
También se crea el Sistema Estatal de Fiscalización, encargado de promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
Lo integrarán: la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas; los Órganos Internos de Control de los Municipios, de los Poderes Legislativo y Judicial; y de los Organismos Autónomos.
También se aprobó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con la se elimina de las instituciones que forman parte de la Administración Pública al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
