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Uber recomienda a los conductores de esta entidad que, para evitar detenciones por parte de policías, pidan a sus pasajeros identificarse como familiares o amigos. Además, les recomiendan que sus celulares con la aplicación tecnológica no estén a la vista.
Estos avisos no están de más. Desde hace un año que arrancó operaciones, la plataforma ha lidiado con autoridades y taxistas sindicalizados.
Su presencia ha motivado enfrentamientos a golpes y la destrucción de vehículos por parte de uno de los sectores que se opone con mayor energía a su servicio: el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUVT), creado desde los años 50 y aliado político y electoral del PRI; es el sindicato de taxistas más grande de Yucatán (se calcula que tiene 5 mil 500 socios) y durante años fue el único que brindaba el servicio.
Aunque no están inscritos de forma oficial ante la Dirección del Transporte del gobierno de Yucatán, se estima que son alrededor de mil 500 unidades de Uber las que operan desde marzo de 2016 en Mérida y algunas poblaciones conurbadas como Kanasín, Umán y Progreso.
El pasado 15 de junio el Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley del Transporte Público en Yucatán, misma que permite la operación de plataformas digitales pero les exige constituirse como empresas; así lo hicieron Big Driver, Cabify, Tho Service y Ryde and Go. Uber se niega bajo el argumento de que no son una empresa, sino únicamente una plataforma digital.
Ante esta resistencia, la Dirección del Transporte inició en diciembre de ese año, una cacería de vehículos sospechosos que trabajan como Uber, por ser considerados “taxis piratas”.
La plataforma denunció que hasta la primera quincena de marzo estaban detenidos 350 de sus vehículos, y aunque habían pagado multas de alrededor de 35 mil y 40 mil pesos, no los liberaban. Hay vehículos detenidos desde diciembre y su paradero aún se ignora.
El mayúsculo sindicato FUTV. Héctor Alberto Fernández Zapata, Billy, dirigente del FUTV, asegura que los choferes de Uber son una competencia “desleal” para su gremio, ya que no se han registrado legalmente ante la autoridad y laboran en el desorden.
Aseguró que los conflictos que se han desatado entre miembros del FUTV y los Uber son consecuencia de que “entran sin permiso a recoger pasaje de manera encubierta, como ya ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Mérida, que incluso provocó enfrentamientos y golpes entre choferes de su sindicato y los de Uber”.
A últimas fechas, los mismos taxistas del FUTV han identificado los vehículos que operan como Uber, para que los policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) los detengan. Los socios del FUTV son los propietarios de las placas de cada vehículo que les permite operar como taxistas.
Los precios de las mismas rebasan hasta el millón de pesos en el mercado local.
La mayoría de veces la compra de una placa de taxi del FUTV sólo se permite entre los mismos socios o sus familiares para “proteger” las concesiones a favor de la agrupación”.
“No somos piratas”. El director de Comunicación de la empresa Uber, Luis de Uriarte, aseguró que los vehículos de esa plataforma digital no son “piratas” y que por cuestiones de confidencialidad y de privacidad empresarial no pueden dar a conocer el número exacto de vehículos que operan en el estado.
Insiste en que Uber no ofrece un servicio de transporte público, sino simplemente es una aplicación tecnológica que se puede descargar para conseguir que una persona con vehículo pueda trasladar a otra hasta el sitio que deseé.
Uno de los socios de Uber, Jesús Ch. P. comentó que la plataforma digital les retiene el 25% del cobro total del servicio, el resto es para el chofer, y de allí, éste paga sus impuestos, como es ISR e IVA.
Otras plataformas digitales como Big Driver tienen una tarifa fija de 500 pesos de inscripción por socio y 82 pesos diarios de cuota, independientemente de los viajes que ofrezcan.
En Rynd And Go, el porcentaje que se le retiene al chofer es de 20%, de acuerdo a uno de sus coordinadores, Justo Medina Góngora. En tanto, por parte de Cabify fluctúa entre 20% y 25%.
Por su parte, el gobierno del estado aclara que no se le cobra ningún impuesto local a las diversas plataformas digitales; y así lo confirmaron las compañías que ya han accedido inscribirse ante la Dirección del Transporte del gobierno de Yucatán.
Inconstitucionalidad. Nueve diputados (8 del PAN y 1 de Morena) del Congreso de Yucatán presentaron una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma a la Ley del Transporte porque, consideran, contraviene los principios constitucionales de igualdad, libre competencia, libre tránsito y libre asociación.
La Corte dio entrada y fallará sobre este recurso los primeros días de mayo.
“Hay un proyecto de resolución, falta que lo conozcan los otros 10 ministros, quienes incluso pueden modificar el sentido de éste”, explicó el panista, Elías Lixa Abimerhi, al recalcar que la reforma a la Ley de Transporte es inconstitucional.
“Algunos puntos controvertidos, es la diferenciación que se impone a las empresas (plataformas) para no hacerlas competitivas, como el hecho de que tengan que comprar automóviles más caros —de lo que cuestan los taxis—, que sólo puedan operarlos los dueños de los autos, que se fijen rutas de tránsito, que se limite el número de permisos, y una serie de controles que se reserva el gobierno para implementarlos en el momento que le plazca”, sostuvo.
La diputada del PAN, Beatriz Zavala Peniche, consideró que Uber no quiere registrarse como agrupación que brinda servicio del transporte público porque “sentaría un precedente legal” y tendría que hacerlo en todos los estados.
“Creo que esperarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falle sobre la acción de Inconstitucionalidad que presentó la bancada del PAN y Morena de Yucatán, para saber si se registran o no ante la Dirección del Transporte en Yucatán”, dijo.
Por su parte, el secretario General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, aseguró que no suspenderán las detenciones a Uber por la acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y que esto seguirá hasta que salga el fallo del máximo órgano, mismo que las autoridades locales deberán de respetar.
