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En la zona turística de Mazatlán las disputas por el pasaje entre taxistas y operadores de Uber desencadenaron al menos tres enfrentamientos y bloqueos, entre la noche del martes y ayer, que dejaron 14 vehículos detenidos de ambas plataformas, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito del puerto.
Uber tiene presencia en 20 entidades de la República, pero sólo en cinco se ha avanzado en la regulación de su servicio: Ciudad de México, Estado de México, Puebla y San Luis Potosí. Mientras que en Jalisco se aprobó la ley Uber, una reforma a Ley de Movilidad para incluir la figura de empresas de redes de transporte.
Debido a la falta de regulación, en al menos 11 entidades se han presentado conflictos violentos entre conductores y taxistas, que llevaron al asesinato de un socio en Jalisco y de otro en Puebla.
En Durango, la empresa canceló el inicio de operaciones en la capital y en Gómez Palacios, debido a las amenazas de taxistas y autoridades locales. En Yucatán, la Dirección de Transporte ya ha detenido a alrededor de 550 vehículos de Uber, que de acuerdo con la Ley del Transporte, son considerados “piratas”.
Ante esta situación, legisladores locales del PAN y la diputada de Morena presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque —señalan— la Ley del Transporte Público en la entidad es violatoria de las libertades individuales, ya que obliga a las plataformas a agruparse o constituirse en sindicatos.
Conflicto en Mazatlán. Ayer, la última confrontación a golpes se extendió a varios puntos de la zona dorada, principalmente afuera de los hoteles, cuyo turismo pelean.
La autoridad intervino sólo para frenar los golpes, pero como siguieron los enfrentamientos, detuvieron seis taxis y ocho vehículos Uber que bloqueaban las calles.
Desde octubre del año pasado Uber inició operaciones en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, presuntamente con 12 mil socios. Con su entrada en el puerto, choferes de taxis iniciaron una cacería de conductores Uber.
Jorge Castro Zamudio, subdirector de Vialidad y Transporte del estado, explicó que de acuerdo con la ley, Uber no puede prestar el servicio de transporte en Sinaloa, ya que se encuentra concesionado a dos organizaciones afiliadas a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Admitió que es difícil identificar y sancionar a un operador de Uber, puesto que se requiere que el pasajero declare que hubo un pago de por medio por el servicio.
“Se tienen casos de multas aplicadas a operadores de Uber que oscilan entre mil 500 pesos, cuando es por primera vez, y hasta 35 mil pesos, por reincidencia”, detalló.
El enojo de los taxistas, dijo, es porque están en desventaja, pues deben pagar concesión, placas de circulación, tarjeta de identificación que acredita estar capacitados, así como un seguro de daños a terceros y gastos médicos de sus pasajeros. Los choferes de Uber sólo pagan su afiliación a la plataforma.
Por otra parte, Uber emitió una breve alerta en la que pidió a sus socios no caer en provocaciones de los taxistas.
Con una población en Mazatlán —según el censo de 2015— de 502 mil 547 habitantes, se cuenta con mil 490 unidades que prestan el servicio de taxis concesionados, 500 de ellos bajo la modalidad de las denominadas pulmonías (vehículo similar a un carrito de golf, que carece de puertas).
Hay para todos. Con 11 mil 400 habitaciones disponibles en la hotelería de Mazatlán, los prestadores de servicio consideran que existe suficiente mercado para ambos sistemas de transporte.
José Gámez Valle, coordinador de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Mazatlán, advirtió que los escenarios de violencia derivados de las disputas de pasajeros pueden afectar la imagen del centro turístico.
El tema de liderar el transporte público en todas sus modalidades tiene que entrar en una discusión seria y firme, para desterrar estos actos que han subido de tono.
“Los estrangulamientos de circulación, bloqueos y ahora riñas colectivas, en las que los turistas se han visto envueltos en forma incidental, deben cesar”, precisó.
En tanto, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del estado, Carlos Castaños Valenzuela, citó que un estudio de la Comisión Federal de Competencia Económica habla del rezago en materia de liberalización del transporte en Sinaloa.
En tanto, Gonzalo Gómez Flores, secretario general de Gobierno, dijo que están abiertos a la modernización del transporte, pero advirtió que se tiene que proteger, de acuerdo con la ley vigente y los derechos que tienen los concesionarios de taxis.
