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Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), condenó el asesinato del periodista Ricardo Monlui, ocurrido el pasado 19 de marzo en Veracruz, e hizo un llamado para que las autoridades adopten las medidas de protección necesarias para la familia del periodista.
En un comunicado Jarab recordó que el estado de Veracruz es la entidad en la que corren mayor peligro los que ejercen ese oficio, por lo que pidió que el caso no quede impune.
Recordó que del año 2000 a la fecha han ocurrido 123 muertes de periodistas a nivel nacional, de ese total 20 han sido en Veracruz y “la mayoría han quedado impunes”.
“Para empezar a poner fin a esta impunidad es indispensable la conducción de investigaciones efectivas, exhaustivas y apegadas al debido proceso, cuyos resultados sean comunicados a la sociedad por el interés público que existe en el esclarecimiento y sanción de estos delitos", dijo.
Mencionó que en noviembre de 2015, el Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas decretó una Alerta por el riesgo que enfrentan los periodistas en Veracruz y suscribió un convenio de políticas públicas con dicha entidad.
La alerta, explicó, está pensada como una herramienta estructural para prevenir que las agresiones contra la vida de quienes ejercen el periodismo en Veracruz continúen, lo cual no ha sucedido. “Mi oficina reitera su disposición para dar un mayor impulso a este instrumento en colaboración con las autoridades de Veracruz involucradas en su implementación”, señala.
Las instancias contempladas en dicha alerta incluyen a la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y la Secretaría de Seguridad Pública, que ya tiene conocimiento del caso.
El periodista Ricardo Monlui murió por disparos de arma de fuego cuando salía de un restaurante a compañado de su familia, en la localidad de Yanga, al norte del estado.
A la exigencia de justicia se ha sumado la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por medio de la directora general, Irina Bokova, quien señaló que se trata de un ataque contra el derecho a la libertad de expresión.
Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su solidaridad con la familia y exhortó a las autoridades de procuración de justicia a agotar todas las líneas de investigación para dar con los responsables.
