Más Información
El Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo federal, Humberto Castillejos Cervantes, impugnó el primer impuesto por daños ambientales que se estableció en una ley en el país.
Se trata del impuesto de responsabilidad ambiental contenido en la Miscelánea Fiscal 2017 del estado de Zacatecas, con el que se prevé una recaudación de mil 230 millones de pesos para la entidad.
De acuerdo con las listas de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ejecutivo federal promovió una controversia constitucional contra las leyes locales de Hacienda, la de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017 y el decreto por el que se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas para 2017.
El asunto fue registrado con el número 56/2017 y aún no ha sido turnado a ninguno de los ministros del pleno para que determine si lo admitirá o desechará.
La Miscelánea Fiscal de Zacatecas establece por primera vez un impuesto de responsabilidad ambiental que se desarrolla en cuatro supuestos: extracción de minerales, emisión de gases a la atmósfera, emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, así como por el depósito o almacenamiento de residuos.
De acuerdo con el gobierno estatal, lo recaudado se destinará a la construcción e infraestructura de servicios de salud, mejoramiento y restauración del equilibrio ecológico, así como acciones estatales de dispersión y vigilancia de las fuentes de contaminantes.
DESCONOCEN IMPUGNACIÓN EN ZACATECAS
La administración del priísta Alejandro Tello Cristerna aún no ha sido notificado por ninguna vía sobre la controversia constitucional que tramitó el gobierno federal el 14 de febrero pasado.
En un comunicado, Jehú Eduí Salas Dávila, coordinador general jurídico de Zacatecas, precisó que tuvo conocimiento a través de los listados de acuerdos electrónicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El funcionario afirmó que el proceso legislativo del impuesto ecológico cumplió con todos los principios constitucionales y legales para la aprobación y promulgación como parte de la Ley de Hacienda.
Agregó que la resolución que pueda dar la Suprema Corte de Justicia determinará los límites de las facultades concurrentes entre los estados y la Federación para establecer contribuciones que busquen proteger el equilibrio ecológico.
El gobierno estatal ha informado en reiteradas ocasiones que el impuesto es constitucional y que aplica a todas las empresas altamente contaminantes en la entidad; incluso, al presentar su Plan de Desarrollo 2017-2021, el gobernador Alejandro Tello aseguró que el gravamen “no se trata de una imposición deliberada para las empresas, sino de un acto de justicia social para Zacatecas”.
Sin embargo, ha generado inconformidad en el sector minera, tanto en las empresas como en las secciones del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente que laboran en las minas del Grupo Peñoles y han realizado tomas de carreteras, además de anunciar su intención de recurrir a amparos.
afcl / iel
